El nuevo concejal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife, el socialista José Ángel Martín, acudió en la noche del pasado miércoles a la AAVV de El Sobradillo, donde la Plataforma de Afectados por las Antenas de Telefonía de esta zona convocó una reunión para abordar la problemática de estos mecanismos. Para sorpresa de muchos presentes, el edil se comprometió a elaborar en este mandato, y en el menor plazo posible, una ordenanza que regule estas instalaciones en la ciudad y que se basará en gran parte en el texto presentado a la corporación el pasado mes de abril por dicha entidad, que se encuentra integrada en la plataforma canaria (Planmocan).

La asociación resalta también que, a ese compromiso, se sumara el concejal del distrito Suroeste, Hilario Rodríguez (CC) ante la presencia de otros ediles, como Pedro Fernández Arcila (Sí se Puede), quien insistió en revisar las antes que existen para comprobar si cumplen con la futura normativa al hallarse hasta ahora múltiples irregularidades. Además, acudió el concejal del PP José Carlos Acha, quien también apoyó el texto.

La cita sirvió, además, para acordar la creación de una comisión formada por representantes del ayuntamiento, plataforma, técnicos y vecinos de todo el municipio para abordar este cuestión.

El texto que defiende la entidad se fundamenta en el "principio jurídico de precaución, concepto que respalda la adopción de medidas protectoras antes de contar con una prueba científica completa de un riesgo". Esta línea ha contado precisamente con el asesoramiento jurídico de Arcila y surge, según la plataforma, por "el silencio del ayuntamiento tras diez años de reclamaciones vecinales y la comprobación del aumento de forma alarmante de los casos de cáncer y otras afecciones desde que El Sobradillo cuenta con tres de estas instalados". Dicho principio contempla que, "cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no debiera utilizarse como razón para postergar las medidas eficaces en función de los costos". Se trata de un criterio de precaución que se ha incorporado en varios acuerdos internacionales y que resulta básico en la política europea sobre el medio ambiente.

El presidente de Planmocan, Antonio Porras, explicó al centenar de vecinos asistentes el resto del texto, que defiende, entre otras cosas, que las estaciones base se coloquen a unos 500 metros de los núcleos urbanos y que haya zonas sensibles que impidan su instalación.