El abogado de los vecinos de Igueste de San Andrés afectados por la aplicación de la Ley de Costas, José Luis Langa, aseguró ayer que esperaba que el próximo mes de julio el Parlamento europeo apruebe una resolución promovida por los grupos nacionalistas de esta cámara para que se debata la posibilidad de que se "obligue" al Gobierno español a que modifique dicha ley para que deje de tener un carácter retroactivo.

Langa, quien también representa en Canarias a la Asociación E de Perjudicados por la Ley de Costas, explicó ayer en rueda de prensa que en una reunión convocada el pasado día 29 de mayo por el Parlamento Europeo, a instancias de los partidos nacionalistas, se decidió presentar en el pleno, cuando se obtenga el quórum necesario, la mita más uno de los eurodiputados, que la Ley de Costas no se aplique con carácter retroactivo, pues aseguró que esta retroactividad afecta solo en Canarias a unas 160.000 personas.

El abogado mostró su deseo de que el Pleno del Parlamento Europeo se reúna en el mes de julio para que si se logra aprobar esta resolución, represente que el Gobierno de España "respete el derecho a la propiedad privada", algo que para el letrado supondría un avance para acabar con "una injusticia que se está cometiendo, de manera muy particular en Canarias", donde recordó el caso de los miles de afectados que adquirieron sus casas antes de la entrada en vigor de la ley, en el año 1988.

Aunque la UE sólo puede obligar a un Estado a modificar sus normativas a través de una Directiva, el letrado se mostró convencido de que en caso de que sea aprobada esta resolución, "el Gobierno de España, sea del color que sea, está obligado moralmente a hacer cumplir el deseo de todo el Parlamento Europeo".

Igueste de San Andrés

Además, José Luis Langa hizo referencia a una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en la que se anula la resolución de la Cotmac de febrero de 2007, por la cual se aprobaba el deslinde marítimo terrestre en Igueste de San Andrés en 20 metros en lugar de 100.

No obstante, explicó que está pendiente de recurrir esta sentencia al Tribunal Supremo, por lo que se pondrá en contacto con el Ayuntamiento de Santa Cruz, el Cabildo y la propia Cotmac. Consideró que aunque la resolución del TSJC hubiera sido favorable, "no habría resuelto el problema" porque, según declaró, "la solución únicamente pasa por la modificación de la Ley de Costas". No obstante, según el letrado, será la Audiencia Nacional la que decida si el deslinde se queda en 20 metros.

Asimismo, añadió que en caso de que el Parlamento Europeo se muestre a favor de la resolución promulgada por los partidos nacionalistas, dicho acuerdo se incorporaría en el proceso judicial abierto ante el Tribunal Supremo por parte de los vecinos.

También aclaró que, aunque en la sentencia "se viene a decir en cuanto a la resolución de la Cotmac que no está suficientemente acreditado que Igueste de San Andrés tenga un sistema de evacuación de aguas, no lo comparto, porque en España, y en Canarias en particular, muchas poblaciones no lo tienen", sin que tenga que ser un impedimento para que no sean considerados como núcleos de población consolidados", que en este caso lo es antes de la ley.