La Defensora del Pueblo interina, María Luisa Cava de Llano, considera una "incorrección vincular de manera absoluta la inmigración con el mercado laboral" en España pensando en que quienes llegaron al país en busca de empleo se marcharían al quedar en paro, ya que, según recoge el informe anual de la Institución, "las cifras muestran que no solo permanecen en nuestro país, sino que en muchos casos" tienen ya o han solicitado la nacionalidad española.

Esta es una de las primeras valoraciones del capítulo relativo a migraciones y extranjería del informe 2010 sobre actuaciones del Defensor del Pueblo, en el que la institución detalla la tramitación de más de un millar de quejas a lo largo del año y destaca "el incremento" de las interpuestas por españoles "sobre situaciones que afectan a extranjeros con los que mantienen vínculos familiares".

Las quejas fundamentalmente versan en esta ocasión sobre irregularidades administrativas en la documentación de extranjeros y problemas en los controles fronterizos, aunque la Institución actuó también sobre la situación en los Centros de Internamiento y los procedimientos de acreditación de la edad de los menores extranjeros no acompañados.

Sobre el primer ámbito, el informe señala, entre otras "deficiencias", que "continúan sin existir criterios uniformes sobre los documentos exigidos en las diferentes comisarías de policía" sobre las cartas de invitación que se requieren a los extranjeros para entrar en España y hay quejas "constantes" sobre "el trato recibido por parte de los funcionarios de control de fronteras en el aeropuerto de Barajas", donde, además, "no puede entenderse que en la actualidad se esté prestando una adecuada asistencia letrada" a los inadmitidos.

En este tipo de puestos fronterizos, el trabajo de 2010 recoge que se han formulado recomendaciones sobre distintas cuestiones entre las que destaca las intervenciones "a pie de avión" de control de documentación en los aeropuertos de El Prat y de Madrid-Barajas y la interpretación que dan las autoridades españolas y francesas al acuerdo sobre readmisión de personas en situación irregular, a la hora de readmitir personas rechazadas en la frontera terrestre.

Se tratan además, otros asuntos, como los "problemas y retrasos" en la gestión de autorizaciones de regreso; "obstáculos indebidos" en la tramitación de cartas de invitación para viajes privados o de turismo; errores en la tramitación de los visados de reagrupación o una "desigual" aplicación de las nuevas normas para el pago de tasas, y se recogen actuaciones para conocer "las razones que motivan un funcionamiento general deficiente en varias oficinas de extranjeros, en particular, las oficinas de Las Palmas y de Barcelona".

En cuanto a los centros, el Defensor, que ya solicitó el cierre del centro de primera acogida y detención de inmigrantes de Motril (Granada), vuelve este año a informar de la "inadecuación de las instalaciones" y a insistir "en la urgente supresión de la práctica de marcar con rotulador la piel de los inmigrantes a efectos de identificación", entre otras actuaciones.

Sobre el Centro de Estancia Temporal (CETI) de Ceuta, la Institución reconoce "avances" aunque insiste en que "en la práctica, muchas familias permanecen largo tiempo en el centro hasta que se produce su traslado", mientras que, en el de Melilla, el problema está en la "situación de hacinamiento de los residentes en las distintas dependencias habilitadas como dormitorios".

MENORES Y DETERMINACIÓN DE LA EDAD

Por último, en cuanto a la determinación de la edad de los menores extranjeros no acompañados, la Institución ha confirmado que "la gestión de estos protocolos por las distintas administraciones es cuando menos dispar y, muchas veces, deficiente, lo que deja en difícil situación a muchos menores y jóvenes extranjeros" que, "a menudo, "quedan en situación de desamparo y sin la tutela debida de la Administración".

El informe señala que la mayor parte de quejas se deben a que "cada vez con mayor frecuencia, las pruebas de determinación de la edad se realizan a personas documentadas con un pasaporte de su nacionalidad en el que consta que es menor" y denuncia que la falta de un Registro Central de estos menores "hacen posible que la misma persona reciba tratamiento de mayor y menor de edad en función de la comunidad autónoma en la que se encuentre".

Por otra parte, cuestiona "la naturaleza jurídica de la privación de libertad en la que se encuentra el presunto menor" cuando se le realizan estas pruebas, denuncia la práctica "en varias comunidades autónomas" de mantener a los menores en el sistema de protección sin asumir su tutela y reclama que no se declare el cese la misma cuando los niños o jóvenes abandonen voluntariamente los centros.

"El nombramiento de un tutor lo antes posible constituye una garantía muy relevante y aún cuando las legislaciones autonómicas contemplen la posibilidad de dictar medidas de intervención distintas en el marco de la protección de menores, carecen de eficacia en estos casos", explica el Defensor, para incidir también en que "las entidades de protección juegan un papel fundamental para que el menor tutelado cuente con su autorización de residencia".