El consejero insular de Presidencia y Hacienda del Cabildo de Tenerife, Víctor Pérez, ha dado orden a todos los servicios de la Corporación insular, los organismos autónomos, las sociedades mercantiles y las restantes entidades dependientes para que "adopten las medidas necesarias y realicen las gestiones oportunas en orden a agilizar al máximo la tramitación y pago de las facturas a sus proveedores", según reza la instrucción general emitida recientemente y a la que ha tenido acceso este periódico.
El objetivo primordial de esta iniciativa, hasta ahora inédita, es la de intensificar esfuerzos a la hora de abonar con prontitud las facturas a los proveedores de servicios, buscando, sobre todo, no perjudicar a los pequeños y medianos empresarios y a los autónomos que prestan su servicio a la Corporación insular.
Debido a la actual situación de crisis económica que atraviesa la realidad insular, canaria y nacional, y una vez que ya ha sido aprobado el presupuesto del Cabildo para el ejercicio 2011, garantizando la existencia de los fondos necesarios para el normal funcionamiento de los servicios públicos, el titular del área de Hacienda pretende no complicar la salud financiera de las cientos de pequeñas empresas que sustentan al Cabildo.
En este sentido cabe reseñar, por ejemplo, que sólo del Instituto de Atención Social y Socisanitaria (IASS), dependen decenas de empresas proveedoras de suministros o servicios varios.
De esta forma, los jefes de los aproximadamente cuarenta servicios administrativos y técnicos en los que se divide la Administración insular, así como los gerentes de los organismos autónomos deberán adoptar las medidas precisas, e introducir los cambios en los modelos de gestión que resulten necesarios para llevar a cabo el fin propuesto.
Asimismo, la instrucción general también expresa que la Intervención y la Tesorería general del Cabildo deberán adoptar igualmente las medidas que resulten precisas en orden al cumplimiento de los pagos a proveedores en los períodos de tiempo más cortos posibles.
La política financiera actual que lleva a cabo la Institución insular ha permitido, hasta ahora, tener la suficiente liquidez para no ocasionar demasiados problemas a las empresas suministradoras de servicios, por lo que la instrucción general emitida se inserta en el contexto de intentar continuar por esta senda, toda vez que ya se ha realizado la primera distribución de los 103,3 millones de euros que los organismos autónomos y empresas públicas del Cabildo tienen presupuestados para el presente ejercicio.
Cabe recordar que el presupuesto de la Corporación insular asciende a 684 millones de euros correspondiente a todas sus áreas, organismos autónomos y empresas públicas en las que está presente de forma mayoritaria, unos números que suponen un 8,8% menos que el del año pasado.