El servicio de la Intervención General del Ayuntamiento de Santa Cruz emitió, en diciembre de 2009, un reparo al expediente relativo a la contratación de la prestación del servicio de regularización fiscal en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) debido a la ausencia del preceptivo convenio de colaboración entre el consistorio capitalino y la Dirección General del Catastro.
Pese a ello, el servicio de Gestión Tributaria de la Dirección General de Hacienda de la Corporación municipal adjudicó, por un importe de 200.000 euros, el servicio de regularización fiscal en el IBI a la UTE formada por Ingesis SL y Hermanos Alonso Garrán, contratación que fue ratificada el pasado lunes 13 de septiembre en el transcurso de la sesión de la Junta de Gobierno Local de la ciudad.
El concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Santa Cruz, Jaime Hernández-Abad (Partido Popular), certificó la existencia del citado reparo, aunque aclaró que fue emitido al inicio del proceso administrativo y que era no suspensivo, es decir, un reparo que sólo funciona a modo de observación y que no implicaba la suspensión de la tramitación del expediente.
"Ese reparo fue al inicio del expediente y fue contestado oportunamente por el servicio de Hacienda y aprobado por la Junta de Gobierno Local sin reparo alguno", recalcó el edil. Además, la gerente de la Dirección General del Catastro exoneró al ayuntamiento de la firma de ningún convenio para la revisión o modificación de los valores catastrales y posteriormente se emitió un segundo informe de la Intervención favorable a la adjudicación del contrato por lo "el expediente no tiene ningún inconveniente", subrayó.
El primer informe emitido por el ente fiscalizador del consistorio está firmado por una técnico, la jefa del servicio y el interventor general y en él se apunta que "antes de que se proceda a la tramitación del expediente de contratación (...) es necesario que se acredite que las funciones que se pretenden efectuar en materia de gestión catastral de los inmuebles urbanos han sido objeto de convenio de colaboración entre la Dirección General del Catastro y este ayuntamiento".
Asimismo, el texto explica que cualquier colaboración en la gestión catastral que exceda el mero intercambio de información deberá llevarse a cabo bajo la citada fórmula del convenio de colaboración. Pese a todo, el segundo informe de la Intervención General dio su aprobación a la adjudicación del contrato para la revisión del IBI.
Con este contrato la corporación municipal pretendía acometer la actualización de los datos que registra el Catastro por primera vez. La realización de este trabajo permitirá a la Administración local, en primer lugar, la depuración del padrón fiscal con su consiguiente adaptación a la realidad física y, de igual forma, se conseguirá un incremento en el importe bruto de dicho padrón.
La repercusión de esta medida también conllevará el aumento de la recaudación en la aplicación de la tasa de recogida de residuos sólidos urbanos, dado que ambos están asociados.
El concejal Jaime Hernández-Abad consideró el objeto del presente contrato como una "inversión fundamental" para aumentar la recaudación.
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