LA POLÍTICA de vivienda en Canarias está condicionada por un escenario económico y social especialmente complejo: por un lado, las todavía graves dificultades de acceso a la vivienda de una parte muy importante de la población, como resultado del largo período de alzas de precios de la vivienda muy por encima de la inflación y, en consecuencia, por encima de la evolución de los salarios; y, por otro lado, por un severo escenario económico y financiero, una de cuyas manifestaciones más evidentes está siendo la retracción tanto de la demanda como de la oferta de viviendas.

En este complejo marco de requerimientos, el Plan de Vivienda de Canarias para el período 2009-2012, tras el análisis por islas de las necesidades de vivienda y suelo destinado a este uso, así como de los servicios, dotaciones y equipamientos complementarios del parque de viviendas, ha sido elaborado para dar respuesta a los objetivos fijados en las Directrices aprobadas el 23 de diciembre de 2008, por el Gobierno de Canarias, conforme a lo establecido en el artículo 75.1 de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias.

En este contexto, el municipio de Santa Cruz de Tenerife y el área metropolitana que conforma con San Cristóbal de La Laguna, Tegueste y El Rosario han sido declarados municipios de preferente localización de viviendas protegidas, en atención a la especial intensidad de las necesidades de vivienda de estos núcleos urbanos.

Ante esta realidad, desde el Instituto Canario de la Vivienda se quiere poner de relieve que uno de los retos más sensibles es asegurar una producción suficiente de viviendas para las necesidades de alojamiento de la población, y que por ello deben establecerse actuaciones tendentes a evitar estrangulamientos de oferta a medio y largo plazo en el sector.

Conforme a ello, la necesidad de contar con el Plan General de Ordenación en Santa Cruz de Tenerife es innegable desde una doble perspectiva: desde un punto de vista estructural, establecería unas bases estables de referencia a largo plazo de los instrumentos de política de vivienda dirigidos a mejorar el acceso y uso de la vivienda a los ciudadanos con dificultades, entre ellos, la creación de un Observatorio Municipal de Vivienda. Desde un punto de vista coyuntural, activaría medidas decididas para evitar un mayor deterioro de la situación.

La inclusión entre las determinaciones del Plan General de Ordenación de la adscripción de suelo urbano o urbanizable a la construcción de viviendas sometidas a regímenes de protección pública, combinada con las medidas de fomento público del suelo destinado a viviendas protegidas con el objetivo de facilitar e impulsar la urbanización y, en su caso, la adquisición de suelo para destinarlo a aquel uso constituye el complemento necesario para el desarrollo del Plan de Viviendas de Canarias.

Junto a la nueva construcción, otro de los ejes del Plan de Vivienda lo constituye la reposición y rehabilitación edificatoria, a través de la declaración de Áreas de Renovación Urbana (ARUs) y Áreas de Rehabilitación Integral (ARIs), que se hace conjuntamente por los planes urbanísticos y de viviendas.

Especial importancia tienen las Áreas de Renovación en el tejido urbano de Santa Cruz de Tenerife, ya que a través de la financiación pública de que gozan se da respuesta a la reposición de viviendas en los barrios y ámbitos que sufren una situación de mayor degradación y obsolescencia edificatoria e, incluso, de déficit de servicios urbanísticos. Actualmente, se está haciendo un importante esfuerzo en el barrio de Cuesta de Piedra, donde se está ejecutando la urbanización y edificación de las últimas 108 viviendas que quedan por reponer. Pero, además, el nuevo PGO de Santa Cruz prevé la ejecución de nuevas Áreas de Renovación (La Candelaria, José Antonio, Los Lavaderos, Barranco de Santos) y de nuevos ámbitos de rehabilitación integral en varios barrios de la ciudad.

El Plan de Vivienda de Canarias establece la regulación y financiación de la política de viviendas. Su puesta en marcha va a servir para dar respuesta eficaz a la creciente demanda de vivienda protegida, tanto por la vía de la construcción como de su reposición o rehabilitación, pero indefectiblemente necesita del planeamiento urbanístico que lo desarrolle y diseñe su ejecución. A grandes rasgos, y durante el primer cuatrienio del nuevo PGO (que sería en el que se desarrollaría el grueso del nuevo Plan de Vivienda), y según los datos que se extraen del mismo, estamos hablando de entre 2.000 y 3.000 viviendas protegidas nuevas, así como de la reposición de más de 500 viviendas y de la rehabilitación de un número similar. Es decir, estaríamos creando un hogar digno para más de 3.000 familias de Santa Cruz sólo en los cuatro primeros años de su aprobación.

La conclusión es clara: sin su nuevo PGO, Santa Cruz de Tenerife frenaría las posibilidades jurídicas y financieras que le ofrece el Plan de Vivienda, es decir, vería peligrar la percepción de subvenciones que, para su ejecución, facilita la Administración pública, fundamentalmente, autonómica y estatal (más 40 millones de euros en este cuatrienio y una cantidad similar en los dos siguientes, tanto para la construcción como para la reposición y rehabilitación de viviendas) y, evidentemente, perdería una importante oportunidad para cubrir la necesidad y el derecho de sus vecinos a una vivienda digna.