Los vecinos del conjunto residencial La Florita, junto al barrio de Tío Pino, indicaron ayer que en un encuentro reciente con un responsable de la Concejalía de Urbanismo, para abordar la modificación que refleja el Plan General de Ordenación (PGO) con relación a los nueve bloques de viviendas y los 10 locales comerciales que alberga, se nos dijo que "todo se debe a un error material".
En este sentido, el presidente de la comunidad de propietarios de las 216 viviendas que componen este residencial de propiedad privada, Antonio Roix, dijo que los propietarios sólo se han podido reunir con Jesús Villodre, gerente de Viviendas Municipales, "a pesar de que desde el pasado mes de agosto hemos solicitado hacerlo con la concejal y con el gerente de Urbanismo". En este sentido, indicó que Villodre "nos dijo, verbalmente, que el hecho de que nuestras casas se hayan quedado fuera de ordenamiento se debe a un error material y que, en todo caso, recogerán nuestras alegaciones para analizarlas en un encuentro con el equipo redactor del PGO", de manera que se les puedan trasladar las peticiones de los vecinos.
En el proceso de revisión del planeamiento municipal se planteaba para este conjunto residencial una reducción de su superficie urbanizable de 6.000 metros cuadrados y una rebaja a cuatro plantas de sus ocho alturas actuales. Todo parece indicar, a juicio de los afectados, que al reconocerse que se trata de un error material, "se puede corregir en el PGO, pero nos han fijado un plazo para reunirnos a mediados del próximo mes, para determinar si se recogen nuestras alegaciones, para modificar el plan antes de su aprobación en el pleno y su remisión a la Cotmac".
A pesar de que ya han mantenido un encuentro con Urbanismo, consideran que el resultado de la reunión con Villodre "no ha sido concluyente, puesto que no hemos obtenido un acuerdo o compromiso por escrito", algo que para los vecinos de La Florita "nos produce desconfianza hasta que no tengamos plasmado en un documento que nuestras casas volverán a su estado original antes de la revisión del plan, que está en su fase final".
Así, señalan que de no producirse una modificación que dé garantías a las 216 viviendas y a los locales comerciales, para que no se vean afectadas por el PGO, "estamos dispuestos a acudir a los tribunales, para reclamar daños y perjuicios", pues explican que con la modificación que se contempla "para unas edificaciones consolidadas desde hace más de 30 años, es que no podemos ejercer ningún tipo de acción sobre las mismas, como venderlas o mejorarlas, puesto que la urbanización se queda fuera de ordenamiento o en una situación de ilegalidad".