El grupo de Podemos en el Parlamento de Canarias ha presentado una denuncia ante la Fiscalía contra el exconsejero regional de Obras Públicas Domingo Berriel (CC) por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos, por el sobrecoste de más de 20 millones de euros en las obras de mejora de la carretera del Norte de La Palma, la C-830, que se ha prolongado en el tiempo con un presupuesto "disparado".
La obra, con una longitud de 23,5 kilómetros, se licitó en 2007 por 32,4 millones de euros, pero pese a que hasta su finalización en 2016 el proyecto fue reducido a 15,7 kilómetros, el coste se incrementó en un 67%, incluyendo unas obras complementarias que se adjudicaron sin concurso.
En la denuncia, Podemos asegura que las actuaciones de la Consejería de Obras Públicas "estaban orientadas a favorecer a la UTE contratista a costa del erario público", y pone de relieve la "falta de interés" de la administración actual, con el vicepresidente del Gobierno canario, Pablo Rodríguez (CC), responsable del área, por anular el contrato, ya que "se ha dejado caducar el expediente de oficio por nulidad".
"Salta a la vista que se han tomado una serie de decisiones administrativas de forma arbitraria y contrarias a la ley" y que existen infracciones "burdas y palmarias", señalan los siete diputados de Podemos en su escrito ante la Fiscalía, a la que piden que actúe además contra los propios técnicos de la Comunidad Autónoma que han podido participar en los hechos.
Hay que destacar que de los problemas de esa carretera, adjudicada en 2007, alertó inicialmente en el Parlamento el actual vicepresidente del Gobierno y consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, quien dijo nada más haber asumido el cargo que contenía graves irregularidades, según ha reconocido a los medidos de comunicación el diputado Manuel Marrero, quien añadió que después de "hacer saltar la liebre", sorprendentemente decidió "mirar para otro lado" y dejar caducar el expediente de anulación del contrato.