La nueva y polémica regulación del transporte en guagua en La Palma está generando un debate político que incluso amenaza las relaciones entre Coalición Canaria y el Partido Socialista a nivel insular, mientras los ciudadanos se mantienen en mayor o menor medida a la expectativa sobre qué rutas se eliminarán y qué colectivos perderán la gratuidad en el servicio.

La institución insular encargó en 2014 a la consultora Rodi Inversiones SL un estudio para la optimización de las rutas del transporte regular, un documento con datos que han servido de base durante los últimos años para llegar a una nueva regulación. Desde aquel momento, la empresa externa advirtió de que había que suprimir la gratuidad del transporte y reducir las líneas, con medidas aún más drásticas de las que ahora se plantean.

Uno de los datos más demoledores del análisis del primer semestre de 2014 fue que el 43,13% de los usuarios de las guaguas viajaban gratis en el servicio regular, en diez líneas ese porcentaje superaba el 50%, lo que para las arcas públicas representaba en seis meses una aportación al operador de 816.553 euros.

Quienes más usaban el bono gratuito eran los pensionistas, con 354.669 pasajes, seguidos de lejos por los estudiantes, con 143.807 desplazamientos. En realidad, los desempleados apenas hicieron 2.303 viajes con un coste de menos de 4.000 euros. El bono social, el único que ahora se pretende mantener, solo sumó siete viajes por unos inapreciables 9,59 euros.

Esos fueron los datos con los que se inició el estudio, que calculó en un millón aproximadamente los pasajes gratis al año, y todo apunta a que la situación no ha variado en exceso en los últimos ejercicios, de los que 709.338 eran personas jubiladas.

Los redactores del informe aseguraron que "la gratuidad absoluta de los servicios públicos es contraria a los principios generales de establecimiento de tasas y precios públicos reconocidos en la legislación española. La condición de mayor de 65 años, jubilado o de estudiante, por sí misma, a nuestro juicio, no debe ser reconocida como merecedora de la gratuidad del transporte público. La gratuidad genera demanda ficticia y viajes ociosos". Este alegato ha sido años después asumido al pie de la letra por el redactor del documento sobre la nueva regulación de las guaguas, el socialista Elías Castro.

La consultoría contratada por el Cabildo recomendaba establecer un precio por viaje para estudiantes y jubilados de entre 0,15 y 0,20 euros, lo que permitiría, según sus cuentas, reducir los pagos a la cooperativa de transporte en unos 200.000 o 150.000 euros dependiendo de la alternativa elegida por la institución insular.

Con respecto a las rutas, la consultoría avisaba de que la mayor parte de las guaguas "no presentan ocupaciones entre paradas superiores a los cinco viajeros en todo el recorrido". Y es que cuatro líneas "representan el 58,9% de los usuarios". En siete rutas "hay menos de seis viajeros por viaje". Se apostaba por un transporte a la demanda, llegando a reducir en la opción más drástica de las dos que planteaba hasta un 20% del total de los kilómetros, para quedarse en los 2.468.239 anuales.

Casi cuatro años después, el grupo de gobierno (PSOE-CC) en el Cabildo ha asumido en parte este documento, que se trabajó cuando el PP cogobernaba la institución insular, aunque haciendo ajustes a la baja para que el impacto social fuera incluso menor.