El Ministerio Fiscal ha emitido un decreto en el que certifica la desaparición de 161 expedientes sancionadores incoados en materia de tráfico en el Negociado de Multas del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, "que habrían sido remitidos a la Alcaldía sin haber resultado nunca devueltos", aunque tras la supuesta investigación realizada no ve ningún culpable de los hechos y centra lo ocurrido de forma genérica en una "deficiente gestión" en la tramitación de esta documentación en el seno de la corporación.

Las diligencias se abrieron tras una primera denuncia presentada por un policía local contra el alcalde de la capital, el socialista Sergio Matos, y el Jefe del Cuerpo, Eduardo Pérez; aportando posteriormente documentación los concejales Maeve Sanjuán y Antonio Ermetes Brito, ambos pertenecientes al grupo mixto, a los que se unieron además los ediles del Partido Popular con diferentes informes sobre el caso.

El fiscal afirma que la documentación recabada "no aporta ninguna prueba que permita determinar fehacientemente que en relación a los expedientes sancionadores reseñados, cuya incoación se habría llevado a cabo en el lapso temporal comprendido entre el 30 de enero de 2011 y el 12 de diciembre de 2013, abarcando este período de dos titulares distintos de la Presidencia del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma (en referencia a Juan Ramón Felipe (CC) y Sergio Matos (PSOE)), ninguno de los intervinientes en su tramitación haya llevado a cabo injusta alguna impulsado por el ánimo de favorecer a las personas objeto de los expedientes relacionados".

Pese a la afirmación del funcionario del Ministerio Público, ninguna de las 161 multas extraviadas fueron remitidas a la Alcaldía estando Juan Ramón Felipe de regidor municipal, ya que el primer envío es de fecha 30 de enero de 2012 y la última el 12 de diciembre de 2013, tal y como se recoge en su propio informe. Es más, tampoco había accedido al cargo Juan José Cabrera, que lo hizo cuatro días después del último expediente sin devolver al Negociado de Multas.

El Ministerio Fiscal apunta además que "tampoco se ha indicado la existencia de testigo alguno que permita acreditar" que se estaba beneficiando a terceros, "el cual resultaría esencial" a los efectos de poder demostrar "de un ilícito como el de la prevaricación administrativa". No es menos cierto que la técnico del Negociado de Multas sí confirmó en la comisión de investigación creada tras un escrito firmado por una docena de policías, haber remitido las multas a la Alcaldía, sin que nunca fueran devueltas.

El fiscal valora que el elevado número de expedientes desaparecido hace pensar en la ausencia "de un impulso mendaz" por parte de los denunciados, "toda vez que ello parecería evidenciar que no estaríamos en presencia de un intento de beneficiar a personas concretas mediante la no tramitación de determinados (161) expedientes sancionadores, sino ante unos hechos debidos únicamente a la existencia de una funesta gestión de los mismos que habría afectado a múltiples expedientes, y no a la condición de las personas implicadas en aquellos".

En el decreto se llega incluso a la conclusión de que "lo único que resulta posible acreditar es que nos encontramos ante una muy deficiente gestión en la tramitación de las multas" en el seno del ayuntamiento. Se trata, cree el fiscal, "de una actividad administrativa irregular y no de la comisión de ilícito penal alguno, al no haberse acreditado ánimo delictivo".

La Fiscalía subraya que en su caso se deben depurar "responsabilidades contables, patrimoniales y administrativas en la jurisdicción contenciosa administrativa".

También justifica que el jefe del Cuerpo de la Policía Local haya retirado denuncias "por su criterio sancionador" para no producir "desigualdades entre los automovilistas que circulaban por la capital palmera, y no el ánimo de favorecer al particular que resultó sancionado en las mismas".

Los denunciantes tienen ahora la opción de reiterar su denuncia directamente ante el juez de Instrucción competente, lo que tras analizar las valoraciones del fiscal para su decreto es muy previsiblemente que se produzca.