Tres de las viviendas del edificio de lujo "Balcones del Puerto", situado en la avenida El Emigrante número 10 de El Puerto de Tazacorte, fueron vendidas después de que el promotor conociera sentencias judiciales que declaraban como no urbano el suelo de Los Tarajales donde se construyó el inmueble.

También fueron vendidas plazas de garaje y al menos un trastero. El vendedor fue Rentur, que absorbió en su momento a la promotora del edificio, Diseños Urbanos SA (Diursa), que además puso algunos alojamientos en alquiler.

Las reiteradas sentencias contra el inmueble, formado por 24 pisos, incluyen tres del Tribunal Supremo. La primera firme es de noviembre de 2005, hace ya doce años. Pero antes incluso, en 2002, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias resolvió en contra de esta edificación. La propia licencia para construir el inmueble (2007) se dio cuando el edificio ya tenía resoluciones judiciales en contra de la declaración del suelo como urbano.

Las ventas sin embargo se realizaron mucho después de las sentencias, según la información catastral obtenida del registro de la propiedad de Santa Cruz de La Palma, la mayoría de ellas los primeros meses de 2011, se entiende que por el desconocimiento de los compradores, dos de Madrid y uno de La Palma. Los precios de estas viviendas de primera calidad en sus materiales oscilaban entre los 195.000 y los más de 263.000 euros, con plazas de garaje a unos 15.000 euros.

Ahora, las familias afectadas deberán estar pendientes de lo que ocurra en el juicio que comienza el día 2 de noviembre, en apenas semana y media, y que el juez ya estima que se prolongará los días 3, 6, 7 y 8 de ese mes por el elevado número de testigos a citar. El propio Ministerio Fiscal y no solo la acusación particular solicitan la demolición del edificio.

El coste de la demolición, en su caso, deberá ser afrontado por los acusados, aunque "sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del Ayuntamiento de Tazacorte, atendiendo a la condición de los acusados de autoridades o funcionarios de la entidad local", expone el fiscal en las conclusiones elevadas al juez.

De todas formas, las familias deben tener en cuenta que el Ministerio Fiscal tiene en cuenta a "las terceras personas de buena fe", como se entiende que son los compradores, a los que pide que sean indemnizados de forma conveniente.