Tijarafe vivió el pasado verano una situación límite con el agua de abasto. Estuvo al borde de realizar cortes en el suministro. Sus mandatarios no quieren que la situación se repita, al menos por un mal uso de un bien escaso, por lo que ha aprobado de forma provisional un reglamento donde se recogen sanciones de considerable cuantía por incurrir en lo que teme, en algunos casos incluso sabe, que ha ocurrido en algunas ocasiones.
A propósito, en el nuevo reglamento se establecen multas que pueden alcanzar los 3.000 euros por utilizar el agua de abasto público para el riego de fincas de cultivo, huertos o jardines; el llenado de piscinas o de depósitos para el almacenamiento sin la expresa autorización del ayuntamiento; no respetar los precintos colocados por el prestador del servicio o la manipulación del aparato de medición, entre otras acciones punibles.
Las sanciones van en función de la cantidad del agua utilizada o, para ser más exactos, mal utilizada. Por ejemplo, si se llena una piscina que necesita de 30 metros cúbicos, la multa puede llegar a los 750 euros, pero si es de mayores dimensiones, con capacidad superior a los 50 metros cúbicos, la cuantía alcanza los 3.000.
Además de la sanción económica, el ayuntamiento procederá ante este tipo de infracciones al corte inmediato del suministro, que se restablecerá cuando se hayan enmendado las causas que obligaron a esta drástica medida. Se hace hincapié en que "en ningún caso la imposición de una sanción puede ser más beneficiosa para el responsable que el cumplimiento de las normas infringidas".
El ayuntamiento tijarafero advierte en este reglamento de que el agua "sigue siendo un bien escaso", también en La Palma, y, por este motivo, "se debe favorecer e incentivar su uso racional". Defiende que el documento aprobado "viene a jugar un papel capital, evidentemente contando con la complicidad y la implicación tanto del gestor del servicio (la corporación local), como de los usuarios (vecinos)".