El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Los Llanos de Aridane se ha dirigido a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, reclamando una fotocopiadora de mayor cabida de A3 para los planos que se recogen en el Plan General de Ordenación de Tazacorte, dentro del procedimiento 222/2008 en el que se investiga la construcción del edificio de Los Tarajales, en suelo de dominio público marítimo-terrestre.
La juez Estrella Monleón tiene en su poder el original del PGO bagañete, por lo que en principio no necesitaría hacer fotocopias del mismo, pero ahora otro magistrado, en concreto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Santa Cruz de Tenerife, ha reclamado, a través del ayuntamiento, el planeamiento de Tazacorte por otra causa abierta sobre el desarrollo turístico también en el barrio del Puerto.
Es decir, dos jueces, uno en La Palma y otro en Tenerife, necesitan los mismos documentos para poder seguir con sus investigaciones, pero el que los tiene carece de medios técnicos para fotocopiarlos.
La jueza acepta, a través de una providencia a la que ha tenido acceso EL DÍA, la cesión del original completo del PGO, "incluida la tramitación del documento de ámbitos suspendidos", pero se entiende que al menos necesita contar con una fotocopia del Plan. A propósito, la secretaria judicial advierte de que diferentes planos del planeamiento no pueden ser fotocopiados en ese juzgado: "hago constar que en este órgano judicial no se dispone de fotocopiadoras para realizar copias de una cabida mayor a la de A3", dice textualmente en una diligencia del pasado 15 de enero.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Santa Cruz de Tenerife solicita al PGO tras una denuncia de la empresa Sansipalma (Estatecnic) contra el Ayuntamiento de Tazacorte, el arquitecto municipal, Rosendo Luis Brito, y su padre, Rosendo Luis Cáceres, por responsabilidad patrimonial, tras no poder desarrollar más de 14.000 metros cuadrados de terreno en La Nao, en el barranco de Tenisca, después de que el Supremo anulara la calificación del suelo como edificable.