El Grupo Parlamentario Popular presentó una "queja formal" a la Mesa del Parlamento de Canarias "por el incumplimiento, por parte del Gobierno de Canarias, de su obligación de remitir los datos, informes y documentos objeto de las solicitudes" tramitadas por el PP sobre el conocido como "caso Marín".
La diputada regional María Teresa Pulido insta a la Mesa de la Cámara a demandar del Gobierno de Canarias "el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12 y siguientes del Reglamento del Parlamento, así como a trasladar la queja parlamentaria que motiva el presente escrito".
Unas 20 solicitudes de documentación presentadas el pasado 21 de mayo por la diputada del PP, tras conocerse el supuesto trato de favor de pública Gestión del Medio Rural -dependiente de la Consejería de Agricultura, que dirige Juan Ramón Hernández Gómez-, respecto a la supuesta contratación irregular del exalcalde de Los Llanos de Aridane y actual concejal de CC en el municipio, Juan Ramón Rodríguez Marín, han caducado después de dos meses sin respuesta.
"El Gobierno está eludiendo informar al Parlamento regional y queriendo echar tierra encima a un asunto de extrema gravedad que preocupa y mucho en La Palma", aseguró Pulido recientemente.
Entre la documentación que el Gobierno no ha facilitado se encuentran el contrato firmado por GMR Canarias con Juan Ramón Rodríguez Marín para el control de la cabaña ganadera de La Palma, el número de fincas visitadas, el desglose de las actuaciones realizadas y la ejecución de su plan de trabajo. "Nos permitimos dudar de que estas visitas se produjeran, visto el afán ocultista del Gobierno", señaló la diputada, quien expuso que "la honorabilidad de CC en La Palma está quedando cuestionada".
A mediados de mayo, Marín manifestó públicamente que realizó su trabajo visitando "93 explotaciones ganaderas", labor que cumplió por la mañana, ya que por la tarde tenía que atender "una fanegada de plátanos" para completar la renta familiar. Por su labor en GMR, que no era en exclusividad sino que podía firmar otros contratos como autónomo, "cobraba 3.300 euros brutos, pero con las retenciones se quedaban solo en unos 2.267 euros".
El Gobierno regional remitió a la Fiscalía el expediente de la contratación para que se aclare la situación de este asunto. Mientras, el PP reclama que se cumpla la normativa.