El grupo de gobierno en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma ha decidido no recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) a favor de Jacobo Fernández, un joven que tras obtener la plaza de Policía Local en las pruebas de selección celebradas en abril de 2011 fue excluido de forma irregular por el exalcalde Juan Ramón Felipe, que hizo caso a un informe técnico.

Fuentes municipales aseguran que el abogado que se encarga de defender los derechos del ayuntamiento "ha recomendado cumplir con la sentencia y no acudir a la vía del Tribunal Constitucional, por lo que tenemos que incorporar al Cuerpo a Jacobo Fernández y comunicar la baja a la persona que entró en su lugar". Un "marrón" ajeno que ahora tendrá que asumir como propio el alcalde, Sergio Matos.

La corporación municipal sí recurrió la primera sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Santa Cruz de Tenerife, que también dio la razón al aspirante excluido, en base a la convalidación de un tipo de carnet de motocicleta.

Aquella convocatoria fue para cubrir tres plazas de Policía Local. Sin embargo, después de la exclusión del citado aspirante se optó por incorporar al cuarto clasificado tras las diferentes pruebas físicas y escritas realizadas. Una propuesta que se puso en aquel momento sobre la mesa fue dar solo entrada a dos agentes y dejar sin cubrir la tercera plaza hasta que existiera una sentencia firme al respecto, con el objetivo de evitar posibles indemnizaciones, a las que ahora Jacobo Fernández tiene derecho. Una opción que al final deshecho la Alcaldía, lo que podría salir caro a las arcas municipales.

La incorporación del nuevo policía, que tendrá que pasar por el correspondiente período de prácticas, hará que pierda su puesto de trabajo otro joven que tampoco tiene responsabilidad en lo ocurrido y que, sin embargo, se verá gravemente afectado. "Está realizado un buen trabajo en el tiempo que lleva en el ayuntamiento y no tenemos absolutamente nada contra él, ni personal ni laboral", afirman desde el gobierno municipal, pero "tenemos que cumplir con la sentencia del TSJC". No obstante, el todavía policía tiene la opción de defender sus derechos ante cualquier instancia.