El grupo de gobierno (PP-PSC) del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma está buscando una vivienda social para una familia de ocho miembros que reside en las casas municipales de Mirca, que serán derruidas, y que no tiene espacio suficiente en el piso de dos habitaciones que le ha sido adjudicado en la promoción de reposición de Timibúcar, tal y como informó El Día el pasado mes de marzo.

Es, con seguridad, el caso más complejo al que se enfrenta el ayuntamiento antes de derruir los adosados de Mirca, que fueron declarados técnicamente en ruina, aunque no lo están, con el objeto de lograr subvención estatal y regional para la construcción de los pisos de reposición. La familia se niega a abandonar su casa. No es un capricho, simplemente es que en las dos habitaciones del alojamiento asignado no tienen cómo meterse y vivir con dignidad.

Fuentes del gobierno municipal, que entienden a la unidad familiar afectada, informaron ayer a esta redacción de que una de las posibilidades que se están analizando es "aprovechar una vivienda de cuatro habitaciones que el Gobierno de Canarias tiene libre en la urbanización Los Nacientes", popularmente conocida por las Casas Rojas, aunque para ello "habría que llegar a un acuerdo entre todas las partes. Además, es un piso que necesita algunas reformas. No es una cuestión cerrada, pero ahora mismo es lo único que estamos estudiando".

Además de este caso singular, otras siete familias con viviendas adjudicadas en Timibúcar, se mantienen en sus casas municipales de Mirca a la espera de que los Servicios Municipales de Santa Cruz de La Palma finalicen los informes técnicos necesarios, básicamente sobre la renta de cada beneficiario, para la revisión de sus alquileres, tal y como solicitaron al ayuntamiento. Al principio, la corporación local contaba para esta tarea con la colaboración de la empresa pública Visocan, pero en la actualidad lo realiza con técnicos propios. Son casos "que se solucionarán en un breve espacio de tiempo", señalaron las mismas fuentes.

El ayuntamiento sí podrá, al contrario, derribar el albergue municipal, después de que todas las familias que están allí viviendo se vayan a sus nuevos pisos.