El Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma aprobó ayer facultar al alcalde para el ejercicio de acciones judiciales y administrativas y defensa de la corporación local en relación con las obras del Fondo Estatal de Inversión Local de 2008, tras recibir a principios de año un expediente de reintegro del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que le exige la devolución de las arcas municipales de 371.000 euros por irregularidades en la contratación de la cubierta de la cancha del barrio de El Pilar.
Una inspección rutinaria detectó en el expediente de la obra que el ayuntamiento se había pasado en 21 días a la hora de licitar la actuación y que la empresa adjudicataria no cumplía con las garantías para su clasificación, además de otros errores menores en la recepción de los trabajos.
Para su defensa, la institución capitalina remitió alegaciones en las que a la postre explica que el objeto del Plan se había cumplido en su totalidad, al estar finalizada la obra y haber procedido a la contratación de desempleados. También se aclara que durante la ejecución de los trabajos, se remitió al Estado la documentación solicitada para la comprobación administrativa del expediente, sin que se detectaran en aquel momento irregularidades en el procedimiento de adjudicación.
Sin embargo, el gobierno municipal es consciente de que tales argumentos es muy complicado que sean aceptados por la vía administrativa, por lo que se faculta al alcalde para presentar, en caso de que se confirmen las peores previsiones, un recurso por lo contencioso administrativo, es decir, llevar el caso a los tribunales.