Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane denunció los "gastos innecesarios" realizados por el grupo de gobierno, formado por Partido Popular y Partido Socialista, durante su primer año de gestión, destacando los informes contratados para la polémica planta de asfalto del polígono industrial del Callejón de La Gata, y que no son vinculantes para la puesta en marcha de la industria.

El portavoz de CC, Juan Ramón Rodríguez, manifestó que el primer informe, encargado al abogado del Estado en el Tribunal Supremo, Emilio Jiménez Aparicio, en calidad de consultor externo, tuvo un coste de 8.000 euros "y al final lo que hizo fue ratificar que el procedimiento seguido sobre la planta de asfalto ha sido escrupulosamente correcto".

El líder nacionalista entiende que "fue un trabajo contratado por la desconfianza política sobre los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane", que ya habían certificado la legalidad en los pasos municipales sobre la planta de la empresa Ruiz Romero SL.

En cuanto al segundo estudio para analizar el posible impacto de la industria de aglomerado asfáltico sobre el medio ambiente y la salud de las personas, que realiza la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el portavoz de CC afirma que "su coste es de 14.000 euros y no es vinculante", en verdad "no sirve para nada". Los expertos que elaboran este informe aún no han entregado el trabajo final al ayuntamiento, según afirmó recientemente la alcaldesa, Noelia García.

Por otro lado, Coalición Canaria acusa al grupo de gobierno de desperdiciar otros 12.000 euros en la construcción de un muro de contención en la avenida Carlos Francisco Lorenzo Navarro, con bloques y columnas, "que al final se vino abajo. Ya desde el principio nos sorprendió lo barato del presupuesto de ejecución y lo que agradecemos es que no se haya derrumbado con la vía abierta al tráfico".

Juan Ramón Rodríguez Marín tampoco entiende "los 53.000 euros invertidos por el capricho de suscribir un convenio para la gestión de las oficinas de turismo, cuando la mejor fórmula, tal y como se lo propusimos, era contratar a una persona por 20.000 euros para cubrir los excesos de jornada laboral que se producen en estos recursos".