El Cabildo de La Palma se ha dirigido a Red Eléctrica de España solicitando que modifique su planificación de actuaciones en la Isla para que la primera obra a realizar sea la línea de 66 megavatios al Valle de Aridane, tal y como informó ayer el consejero de Planificación y Servicios Públicos, Luis Viña.

Esta solicitud se fundamenta en la necesidad de atender la demanda eléctrica de las empresas ya ubicadas y otras por instalar en el Callejón de la Gata, en Los Llanos de Aridane, polígono industrial cuyo desarrollo se ha visto obstaculizado gravemente durante años por la falta de suministro desde la central de Endesa en Los Guinchos, en la costa de Breña Alta, a la subestación de Tajuya, impidiendo incluso la puesta en marcha de una decena de industrias, así como para facilitar el desarrollo de nuevas instalaciones, principalmente vinculadas al sector turístico, en el Valle.

En la planificación de Red Eléctrica de España, la primera actuación prevista en La Palma es una subestación que prevé construir en la zona de La Grama, con lo que se "independiza" de las instalaciones de Endesa. Sin embargo, el Cabildo entiende que la prioridad es comenzar por la línea a la comarca Oeste.

En esta legislatura.- Luis Viña dejó claro que "la subestación es muy importante", por lo que "desde el Cabildo se apuesta por su ejecución", pero "si hablamos de priorizar, entendemos que la línea al Valle de Aridane es lo más urgente". Para su ejecución, el consejero reconoció que "hemos solicitado que se haga por el corredor de la línea actual de 20 megavatios (aceptada por el Patronato de Espacios Naturales) y no por otra nueva". Si la petición del Cabildo se atiende, "podremos disponer de la nueva línea a lo largo de esta misma legislatura".

Molinos en Garafía.- Las declaraciones de Luis Viña tuvieron lugar en una comparecencia pública junto a la viceconsejera regional de Industria, Francisca Luengo, quien se refirió a la instalación del parque eólico en el lomo de Salvatierra, en la Villa de Garafía, al que se oponen los vecinos.

Luengo reconoció que es "un tema complejo", ya que "hablamos de un concurso público, en el que si se modifica el lugar de ubicación se puede entrar en una disputa jurídica por el resto de empresas que se presentaron", aunque sí informó de que "se han planteado con el promotor" contraprestaciones que no quiso desvelar para tratar de llegar a un acuerdo o entendimiento con los vecinos afectados.