El portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, José María de Vargas, ofreció ayer al líder de Coalición Canaria, Juan Ramón Rodríguez, "sentarnos esta tarde" para negociar un gobierno municipal que rechace la puesta en funcionamiento de la planta de aglomerado asfáltico en el polígono industrial del Callejón de la Gata, un ofrecimiento que los nacionalistas rehuyeron.
Las diferencias de criterio en el grupo de gobierno llanense, formado por el Partido Popular y el Partido Socialista, sobre la instalación de la citada planta, alcanzaron ayer su punto álgido. A dos días de que se realicen pruebas de emisión para comprobar los efectos de esta actividad industrial, el PSC llevó al Pleno una propuesta para revocar la licencia de instalación otorgada a la empresa Ruiz Romero. Ante la presencia de medio centenar de vecinos con viviendas en las cercanías del polígono, De Vargas reconoció "la impotencia que sentimos por la forma en la que se ha desarrollado" todo lo concerniente a una industria "que está en contra del modelo de ciudad y del territorio que defendemos", por lo que "no debe permitirse su puesta en marcha".
El portavoz del PSC no olvidó "la frontal oposición vecinal de la plataforma contra la planta de asfalto", que asegura representar a 7.000 vecinos, "y que no podemos obviar". Se mostró firme en su posicionamiento, afirmando que "hay cosas por las que merece ir a un proceso penal", en referencia a las acciones que podría emprender la empresa Ruiz Romero en caso de verse afectada por decisiones municipales que entienda que no se ajustan a derecho.
Por contra, su compañero de "viaje" en el gobierno local, el PP, dejó claro que no aceptará presiones de los vecinos ni de la empresa y que optará por respetar lo que digan los informes técnicos. En este sentido, el concejal Antonio Rocha, en nombre de su grupo, admitió "la alarma social" por el supuesto daño a la salud de la planta de asfalto, "lo que no está comprobado", recordando que "cuando se gobierna se tiene la responsabilidad de tomar decisiones. El Partido Popular prometió revisar el expediente, las instalaciones y comprobar las emisiones, y lo hemos hecho". Defendió la necesidad de hacer pruebas, previstas para mañana miércoles, que serán controladas por técnicos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria contratados al efecto, que emitirán un informe sobre la posible afección en el medio ambiente y en la vida de las personas, estudio "del que se obtendrá un resultado real de lo que la planta emite".
El concejal popular hizo hincapié en que "no se pueden anular licencias sin informes negativos. Sin una causa que lo justifique no se puede", sobre todo por las consecuencias "no solo de indemnizaciones, sino también por las cuestiones penales en las que podemos incurrir". El discurso de Rocha fue interrumpido dos veces por el público presente, por lo que la alcaldesa pidió "respeto para todos los portavoces o tendré que desalojar el salón plenario". Una advertencia que surtió efecto.
Desde la bancada de la oposición, Juan Ramón Rodríguez Marín reconoció "las dudas legales" de revocar la licencia de instalación de la planta de asfalto en el Callejón de la Gata, apuntando "las responsabilidades jurídicas en las que podríamos caer al emitir un voto" en contra de su puesta en marcha. Se dirigió a los vecinos para decirles que "los han engañado" con promesas realizadas en campaña electoral, y antes de informar de que "nos abstendremos", acusó al portavoz del Partido Socialista de hacer proposiciones "de cara a la galería".
El exalcalde llanense recomendó a De Vargas que "se vaya del grupo de gobierno para ser coherente con su postura". El portavoz del PSC asumió el reto para apuntar sin disimulos que "apoye la propuesta y esta tarde nos sentamos a negociar. Lo que no haré es ir de guatemala a guatepeor". Todo ante la mirada de la regidora local, Noelia García. No parecía una estrategia, sino un sentimiento del líder socialista, aunque Rodríguez Marín lo rehuyó: "Aquí no vale todo. Nuestras ansias de poder no llegan a tanto".
El debate lo cerró la alcaldesa, quien reconoció sufrir "presiones tanto de la empresa como de los vecinos", ante las que "no voy a ceder". Se mantuvo en la tesis de su concejal, advirtiendo de que no se pueden revocar licencias "porque sí", sin informes que así lo digan.