El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma ha recurrido la sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo número 4 de Santa Cruz de Tenerife, que tal y como adelantó EL DÍA en su edición del pasado lunes, obligaba al despido de un policía local en lugar del opositor que ganó la plaza y que a juicio del juez fue excluido de forma irregular.

La resolución judicial estimó el recurso interpuesto por Jacobo Fernández y declaró nulo el decreto de la Alcaldía de 20-4-2011 que nombraba policía a Omar Hernández, que había ocupado el cuarto puesto en la oposición para la cobertura de tres plazas de agentes municipales. Ambos jóvenes, perjudicados con este proceso, mantienen la incertidumbre y deberán estar pendientes de lo que ocurra en las nuevas vías que se abren tras la decisión municipal de reclamar la primera sentencia.

El ayuntamiento sigue defendiendo que el carné de motocicletas que presentó el opositor no es el que se pedía en la convocatoria, por lo que fue objeto de la exclusión, pese a que la jefa de servicio de Formación y Seguridad Vial de la Jefatura Provincial de Tráfico certificó con claridad que era exactamente el mismo, pero con otra denominación al entrar en vigor un nuevo reglamento.

Los servicios jurídicos contratados por la corporación municipal expondrán además que los argumentos del abogado de Jacobo Fernández sobre las modificaciones establecidas en otras regiones españolas, incluso en la Escuela Básica de la Policía Nacional, para la equivalencia de ambos permisos, "no son aplicables en Canarias al contar con una ley específica sobre esta materia".

Por último, los abogados del ayuntamiento negarán, tal y como dice la sentencia, que el decreto de la Alcaldía, firmado por el anterior regidor municipal, Juan Ramón Felipe, no estuviera basado en un pronunciamiento del Tribunal Calificador, afirmando, en el recurso, que sí hubo un informe de este órgano.

Desde el grupo de gobierno no se ha querido valorar este conflicto, al entender que se trata de un asunto que se enmarca exclusivamente en el ámbito jurídico. Sin embargo, otras fuentes vinculadas al ayuntamiento afirmaron que "aunque se haya presentado reclamación, existen pocas vías legales para que haya una resolución en contra de la primera sentencia", informando de que se llegó a plantear la posibilidad de que ambos jóvenes se incorporaran a la Policía Local, en sustitución de alguno de los agentes que pertenecen a otro municipio y que se encuentra en comisión de servicios, con el objeto de dar una salida satisfactoria a los dos perjudicados con todo este proceso, pero "los abogados aclararon que tal opción no era legalmente posible".

Si finalmente la justicia da la razón a Jacobo Fernández, "no pasará nada con la funcionaria que se encargó de redactar el informe, según el cual no procede su nombramiento como Policía Local", cueste lo que cueste tal error, en caso de confirmarse, a las arcas públicas.