Un vehículo de alquiler con altavoces ubicados en la capota, todo a la vieja usanza, anunciaba ayer por las principales vías de Santa Cruz de La Palma, en una grabación del actor Antonio Abdo, la manifestación que los empresarios del casco urbano capitalino han organizado para hoy, desde las 12:30 horas, exigiendo que no se paralicen las obras de construcción de la playa, seriamente amenazada por los recortes del Estado debido a la crisis económica.

La marcha de protesta se iniciará en la plaza de La Alameda, recorriendo las calles Pérez de Brito y Real, donde se leerá un manifiesto. Los empresarios cuentan, en esta ocasión sí, con el apoyo de los sindicatos, también de representantes de la clase política, aunque desde los comercios han pedido que vayan a la cola de la manifestación y eviten ser protagonistas. El presidente de la asociación de comerciantes, Juan Arturo San Gil, espera además "que estén los ciudadanos. Esto no es una protesta solo nuestra sino que todos los residentes en Santa Cruz de La Palma, también del resto de la Isla, nos podemos ver afectados. Rogamos a todos que acudan".

La patronal cree y con lógica que paralizar las obras de la playa supondría un golpe negativo para la estética de una ciudad que en parte vive gracias al turismo, además de provocar el cierre de comercios y el aumento, por ende, del desempleo. Los empresarios son conscientes de que si los trabajos se detienen se dilatará aún más en el tiempo la búsqueda de una alternativa a la desaparición de más de 700 aparcamientos en el litoral, sacrificados en beneficio precisamente de esta actuación.

Lo curioso es que los recortes del Estado no han afectado, al menos aún no, al presupuesto de la playa. Los 26 millones que cuesta están garantizados. Sin embargo, se necesitan otros cinco millones, para este año es suficiente con apenas dos, para la instalación de los emisarios submarinos que deben evitar que las aguas negras y de los barrancos cercanos acaben en la zona de baño. Esta actuación debe ejecutarse antes de colocar los diques sumergidos para proteger la playa.

Los reproches políticos no han tardado en aparecer. El PP dice que es una actuación que debe asumir el Gobierno de Canarias, "tal y como se comprometió a ello", mientras que CC y PSC afirman que la obra estaba dentro del convenio de infraestructuras hidráulicas con el Estado, pero "Madrid lo redujo de los 60 millones previstos a unos escasos 18".

San Gil indicó que "al empresariado no le valen las disputas políticas ni si la culpa fue de unos o de otros. Lo que queremos es que se unan para lograr que la playa salga adelante".