El Pleno del Cabildo de La Palma aprobó por unanimidad una propuesta del Partido Popular, con modificaciones impuestas desde el grupo de gobierno (CC-PSC), para la creación de una fundación para la tutela y curaleta de personas incapacitadas que se encuentren en la Isla, en la que participen además los ayuntamientos y asociaciones sin animo de lucro.

La consejera popular Nieves Rosa Arroyo hizo mención a "la gran cantidad de personas que, cada vez en mayor número, están bajo el umbral de la incapacidad" y que tienen por tutor legal a la Corporación Insular, tras asumir las competencias en 2002. Acusó al Cabildo de "eludir y esquivar responsabilidades" en algunos momentos en la tutela de incapacitados "pese a ordenes judiciales" que lo obligaban a ello, advirtiendo de que contaba con expedientes para demostrar cada una de sus afirmaciones.

El vicepresidente, Anselmo Pestana, asumió en este punto la exposición del grupo en gobierno, en ausencia de la consejera de Asuntos Sociales, Jovita Monterrey. En este sentido, informó de que el Cabildo tiene bajo su tutela a un total de quince personas, sin contar las que tiene a su cargo en diferentes centros. Otras cinco están pendientes de aceptación y siete casos se encuentran en la vía judicial. Dejó claro que "todas las personas que están bajo nuestra tutela están recibiendo los servicios y el seguimiento que necesitan". En concreto, el control de la medicación, la higiene o hasta una distribución correcta de sus bienes (curatelas), dependiendo de cada caso, "gracias al gran trabajo que realiza el personal de la Consejería".

Arrollo se refirió a la gente "que nos encontramos en la calle, en todos los municipios hay alguno, afortunadamente pocos. ¿Qué hacemos con ellos? Van a un servicio de Urgencias, por ejemplo, y no hay a quién llamar para que se haga cargo de ellos". Pestana le dejó claro que "no podemos acoger en centros a las personas que no quieren y no están incapacitadas", tal y como ya ha ocurrido en alguna ocasión tras valoración médica.

Tras modificar la propuesta inicial, se aprobó una moción en la que además se acordó buscar la colaboración de fiscales, jueces, personal de la administración de justicia, notarios y abogados para crear protocolos de trabajo que agilicen los procesos de tutela o curatela con soluciones consensuadas.