El Partido Popular del Cabildo de La Palma, a través de su portavoz Carlos Cabrera, ha denunciado que por parte de la primera Institución Insular "se acude en excesivas ocasiones a las contrataciones a través del procedimiento negociado sin publicidad", un procedimiento que si bien es una posibilidad existente, la propia Ley de Contratos del Sector Público "le da una calificación de carácter excepcional".
El portavoz popular ha mostrado su sorpresa por el importante número de contratos" que se están desarrollando por esta vía, "cerrando considerablemente las posibilidades a otras empresas y profesionales que quieran participar" y siendo los propios consejeros del grupo de gobierno "los que los designan sin que haya una participación abierta e igualitaria ni criterios técnicos sino el interés del que lleva el área".
Cabrera sostiene que en una coyuntura económica como la actual "no se puede seguir permitiendo la aplicación de esta dedocracia a la hora de contratar por parte del Cabildo de La Palma", sino que, al contrario, "hay que facilitar la concurrencia de todas las empresas a los procesos contractuales". En esta línea, entiende que con procedimientos abiertos y muchos más participativos "se ven favorecidos tanto la propia administración, que puede contar con propuestas mucho más competitivas, como las distintas empresas y profesionales que pueden ampliar sus opciones de participar e incluso aliviar su situación económica".
Procesos dirigidos
El portavoz del Partido Popular argumenta que ciertamente "hay que agilizar los procesos de contratación por parte de las administraciones y el Cabildo no debe ser una excepción, pero no a cualquier precio". El consejero da un paso más lejos en su denuncia al sostener que no se puede continuar con los procedimientos de contratación de obras, servicios o suministros a través de negociados sin publicidad "claramente dirigidos políticamente y como si fueran contratos directos".
El político palmero tiene claro que "no se deben acudir a supuestas prácticas fraudulentas y hacer peligrar la validez de la contratación debido al fraccionamiento de los presupuesto para no superar las cantidades económicas legalmente establecidos". Se trata, asegura, "de fomentar una mayor participación por parte de las empresas y profesionales que quieran optar a las ofertas, favoreciendo la competitividad y en acabar con tanta dedocracia que ha sido el modus operandi de Coalición Canaria y que parece que al Partido Socialista tampoco le disgusta".