El director de la Administración General del Estado en La Palma, Alejandro Brito, y el jefe provincial de la Tesorería de la Seguridad Social, Miguel Rafael García, aseguraron ayer en una reunión con plataformas agrarias y organizaciones de productores que las inspecciones realizadas en fincas plataneras de la Isla, que causaron una gran alarma social, se redujeron a tres horas durante un solo día, el pasado 20 de septiembre, negando que tuvieran una frecuencia e intensidad desmesurada, como han denunciado diferentes fuentes del sector.
Tras el encuentro, Brito afirmó que "los participantes en la reunión coincidimos en que se ha producido una alarma injustificada por las inspecciones realizadas en virtud de una normativa reguladora que no es nueva sino que se creó en 2007", aunque no es menos cierto que fue este mismo año cuando se aprobó un decreto estatal que intensifica los controles laborales, haciendo especial hincapié en que, "pese a todo lo que se ha dicho, las inspecciones fueron durante tres horas de un solo día. Nada más".
Lo curioso es que el responsable estatal en La Palma no desveló -tampoco el jefe provincial de la Tesorería de la Seguridad Social- ni en la reunión ni luego ante los representantes de los medios el número de expedientes que se abrieron a los agricultores inspeccionados en tan poco espacio de tiempo. Alejandro Brito se limitó a decir que "eso no se los digo". La siguiente pregunta era obvia, ¿por qué?, ¿no son públicos? A lo que sentenció con un "porque no. No son públicos. Haga usted mismo la cuenta, solo fueron tres horas". Eso sí, informó de que "los expedientes se están tramitando. Aún no se han concluido, aunque cada caso es distinto porque cada uno tiene sus peculiaridades".
En la misma línea de transmitir sosiego al sector se mostró el presidente de la plataforma agraria Palca, Amable del Corral, quien recordó que "la ley no ha cambiado", lo que sí es diferente es "la cuantía de las posibles sanciones, que se multiplican por cinco". Además, explicó que en el marco de la reunión "nos interesamos por el número de expedientes, pero no nos quisieron decir nada. Incluso les propuse acotarlos entre, por ejemplo, 20 y 40, pero no quisieron decir. Hay cierto oscurantismo y entiendo que pueda ser por aspectos de protección de datos", aunque en ningún momento se preguntó por casos concretos ni por datos de los afectados sino, al contrario, por un número global.