El grupo de gobierno en el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, formado por el Partido Socialista y el Partido Popular, es consciente de las dificultades legales que existen para evitar la implantación de las dos plantas de aglomerado asfáltico previstas en el polígono del Callejón de la Gata, pero la complejidad no impide que sus movimientos vayan encaminados a la búsqueda de cualquier "recoveco" legislativo para satisfacer la demanda de un grupo numeroso de vecinos, se habla de miles, que se oponen a estas industrias.

La propia alcaldesa, acompañada por el primer teniente alcalde y el concejal de Urbanismo, Noelia García Leal, José María de Vargas Aguilera y Antonio Rocha Quintero, mantuvieron ayer una reunión de trabajo con la viceconsejera de Industria y Energía del Gobierno de Canarias, Francisca Luengo Orol, para trasladar las quejas vecinales, abordando la situación de los expedientes de las citadas plantas.

Los ediles llanenses trasladaron "la preocupación y el malestar vecinal" existentes en el municipio, haciendo incluso como propios los datos de los afectados, que dicen que "en las inmediaciones del polígono existe un núcleo de población agrupada en el que residen una media de 7.000 personas y se ubican cinco colegios de Infantil y Primaria en los que cursan sus estudios más de 200 niños".

Los gobernantes locales instaron a la viceconsejera de Industria "a revisar a conciencia todos los informes para determinar si cumplen todos los requisitos legales para su puesta en marcha y posicionarnos al respecto", según manifestaron los propios políticos palmeros, en un ejercicio "de responsabilidad y servicio público que nuestros respectivos cargos políticos nos exigen".

De igual forma, transmitieron a Luengo Oriol la importancia de atender una demanda precedida de movilizaciones "históricas en nuestro municipio" y de aunar esfuerzos interinstitucionales "para adoptar la solución más adecuada posible en cada caso, ya que a pesar de que la tramitación del expediente es municipal, las competencias para dar luz verde o roja al proyecto dependen de los informes que emiten tanto el Cabildo Insular como el Gobierno de Canarias".