La plataforma ciudadana contra las plantas de asfalto en el Valle de Aridane ha iniciado una nueva ofensiva que busca garantizar que el nuevo grupo de gobierno de Los Llanos de Aridane, PP-PSC, que preside Noelia García, atienda sus exigencias de revocación de la licencia de instalación de la planta de aglomerado asfáltico de Ruiz Romero, ya ubicada en el polígono industrial llanense a falta del permiso de inicio de actividad, y de denegación de licencia para la segunda planta proyectada por la entidad Unaspa (Unión de Asfaltos Palmeros) en el misma zona.

En un comunicado de prensa emitido ayer, la plataforma asegura que se mantiene en una espera prudencial, respetando los plazos de tiempo postelectoral, pese a que exista la posibilidad de que entren en funcionamiento dos plantas de asfalto en el Callejón de la Gata.

Al respecto, afirman que esperan que la nueva corporación local estudie y revise los expedientes administrativos "con el fin de que encuentren las graves irregularidades que contienen, tanto de forma como de fondo". Al respecto, consideran que "se debe y se puede proceder a la revocación de licencia de la primera planta y también a la denegación de licencia de instalación para la segunda".

Pero, además va más allá. Este colectivo considera que "se debe proceder a la revisión de los usos industriales del suelo en el polígono industrial I-2 del Callejón de la Gata, ante los organismos competentes, con el fin de eliminar las industrias clasificadas altamente contaminantes que puedan causar daños irreparables a los vecinos de la zona". Estos usos fueron aprobados por el Ayuntamiento de Los Llanos dentro del anterior PGO (desde 1987) y del nuevo planeamiento que acaba de entrar en vigor tras un largo proceso administrativo para su puesta en valor.

Pese a ello, la plataforma cree que "es muy necesaria una reordenación del polígono industrial con el fin de que se convierta en un complejo comercial e industrial que genere riqueza y puestos de trabajo".

En cuanto a las consecuencias que entienden se van a generar por la instalación de dos plantas de aglomerado asfáltico, aseguran que las mismas "multiplicarían las emisiones contaminantes y causarían daños irreparables en la salud de miles de vecinos y también en sus bienes".

En ese sentido, afirman que no están dispuestos "a consentir lo que consideramos un atropello y un disparate; lucharemos con todas nuestras fuerzas, y ante todas las instancias judiciales, con el fin de conseguir que no entren en funcionamiento las dos plantas de asfalto previstas, porque están en juego la salud y la calidad de vida de miles de vecinos, sus viviendas, sus huertas de cultivo, y la flora y la fauna de una amplia zona que está catalogada como rural y residencial".