Coalición Canaria en Los Llanos ha presentado una moción en la que solicita la creación y puesta en funcionamiento, a la mayor brevedad posible, de una ordenanza reguladora de lo que denomina "bolsa de suelo agrícola" en el municipio. Para ello, pide además la adaptación de la ordenanza de IBI rústico utilizando como base del debate de criterios de productividad de estos suelos.

La propuesta surge después de que los nacionalistas planteasen públicamente, antes de las elecciones, como grupo de gobierno, su intención de dirigir las ayudas sociales del municipio hacia este camino. Se trataba de dar la oportunidad de obtener recursos económicos y alimentos a las familias que cada día acuden al ayuntamiento pidiendo auxilio, en vez de dinero de emergencia social, mes tras mes.

CC entiende que es una solución viable para muchos de los casos. Es más, numerosas personas, que no son perceptores de éste tipo de ayudas públicas, sin embargo estarán interesadas en disponer del uso, no así de la propiedad, de una pequeña parcela en la que poder desarrollar la actividad agrícola, con una clara intención de propiciar el autoempleo o sencillamente, complementar la renta familiar.

Para ello, según concreta el portavoz nacionalista, Juan Ramón Rodríguez Marín, "se hace necesario crear y aprobar una ordenanza municipal que regulará la creación de la bolsa de suelo agrícola, en la que se inscribirán la totalidad de parcelas, que según la Dirección General del Catastro, tienen el de carácter rústico y que se hallan en erial disponibles en diferentes zonas en el municipio".

Ambos se benefician

El procedimiento implica que la Administración local actúe como mediadora, intermediando entre el propietario del suelo actualmente improductivo o en erial, para que este pase a ser explotado por familias necesitadas. Los beneficiarios accederán al suelo disponible en base a una baremación, realizada por los Servicios Sociales, establecida sobre criterios vinculados a prioridades de carácter social.

¿En qué se beneficiarán ambas partes? Los arrendadores que lo soliciten obtendrán las autorizaciones de explotación y de esa forma podrán cultivar la parcela cedida en uso, para consumo propio o para venta en el mercadillo. Por su parte, los propietarios tendrán un acuerdo de compensación con el arrendatario y una bonificación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) que pagan por algo improductivo.