El juzgado de Los Llanos de Aridane, a solicitud del Ministerio Fiscal, ha librado oficio urgente dirigido a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, dependiente del Gobierno de Canarias, para que informe de si, en atención al deslinde marítimo-terrestre (Orden Ministerial de 17 de julio de 2007) en el tramo de costa en el que se asienta la edificación de Los Tarajales, "se ha comprobado la legalidad de la licencia de primera ocupación y cédula de habitabilidad del edificio que fue acordada por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Tazacorte el 21 de octubre de 2010".

Además, atendiendo al uso residencial pretendido en zona de servidumbre de protección marítimo-terrestre de 100 metros, se pide información de las actuaciones a realizar por parte de dicha Agencia "al resultar que la construcción de Los Tarajales vulnera el artículo 25.1 de la Ley de Costas, que prohíbe en la zona de servidumbre de protección edificaciones de residencia o habitación".

Igualmente, se pide a la Agencia de Protección del Medio que "informe de las medidas cautelares, comprobaciones y actuaciones que se hayan llevado a cabo o se estén efectuando para garantizar la protección de los bienes jurídicos tutelados". En su caso, que especifique "las actuaciones encaminadas a la revisión de los actos administrativos municipales para autorizar un uso residencial en la zona que se le haya concedido al edificio de Los Tarajales".´

Escrito del viceconsejero

El requerimiento de la Fiscalía y el Juzgado llanense parte de un escrito que, con fecha 10 de febrero, remitió la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, firmado por el viceconsejero Miguel Ángel Pulido.

En el mismo se informa de que "no obra en los archivos de la Consejería solicitud o autorización previa a la concesión de la licencia de primera ocupación y cédula de habitabilidad para ese edificio. Aclara que "para el otorgamiento de esa licencia no se exige autorización de la Vicenconsejería".

Además, recuerda que corresponde a la Agencia de Protección del Medio la competencia de comprobar la legalidad de cualquier actuación para transformar o usar el suelo, así como de los actos dictados en las administraciones en ejecución de las leyes de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias, especialmente de los que autoricen la realización de construcciones.