NO ESTARÍA de más dedicar unas líneas a explicar lo que un nombre significa, visto el latrocinio que se comete con el del puerto de Santa Cruz de La Palma, desde el siglo XV emplazado con la ciudad capital fundada por el general-conquistador Fernández de Lugo en la bella rada del cantón de Tedote, sumido ahora y en la hora en Puertos de Tenerife, cuando por entonces Tenerife ni siquiera había nacido a la luz de la historia.

Los nombres se usan para mencionar personas, lugares y cosas. Se diferencian los propios de los comunes en que los primeros designan lo concreto, mientras los segundos refieren lo colectivo. Tiene especial relevancia en la época actual la semiótica de los nombres propios de las empresas, pues es lo que las diferencia de cualesquiera otras que puedan competir en la misma actividad. Tal es así que los nombres, patentes, marcas y logotipos significan valores del activo empresarial. Y bueno sería que algún que otro palmero pregunte al presidente de la Autoridad Portuaria, Puertos de Tenerife, pues con ese señor no me hablo, si el puerto de la isla de La Palma no es una empresa que compite en la misma actividad que el de Tenerife, siendo ilícito apoderarse de su nombre y situarlo en Tenerife.

Conocimientos elementales enseñan que los puertos de Interés General de Tenerife se llaman Santa Cruz de Tenerife y Los Cristianos, y malo sea que no pueda acometer de una vez el industrial de Granadilla. Pero la inverecunda Autoridad Portuaria, que pretende la mentira de ser capitalina, borra del mapa canario los otros puertos de la anacrónica provincia. Inverosímil resulta que, tomando asiento en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, las presidencias de cabildos y alcaldías capitalinas -las Islas son primus inter pares- no se hayan enterado de que lo de Puertos de Tenerife es una tragaldabas. Años pasados había, pero no olvido que, al participar por primera vez en la directiva de Ashotel y conocer que el acrónimo significaba Asociación Hotelera de Tenerife, mi presencia sobraba. El presidente don Felipe Machado del Hoyo, que era un caballero tinerfeño, propuso como nuevo nombre, aceptado por unanimidad, Asociación Hotelera de Tenerife, La Palma, Gomera y Hierro.

Haciendo aparte otras consideraciones, lleguemos al R.D. 9 marzo de 1990, que, rezumando provincia romana, agrupa los puertos provinciales a la Junta del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, pero es la Ley del 24 noviembre de 1993, de Puertos del Estado y Marina Mercante, la que crea la Autoridad Portuaria -a la antigua usanza de los gobernadores civiles, pero mercantes- agrupando varios puertos de competencia de la Admon. Gral. del Estado ubicadas en el término de una misma comunidad autónoma. Advierte: "En este caso, el nombre del puerto podrá ser sustituido por una referencia que caracterice al conjunto". Como los de las Islas "menores" estaban integrados al de la capital provincial, denominados Junta de los Puertos del Estado en Santa Cruz de Tenerife, eliminados Junta y Santa Cruz, Tenerife se queda como nombre recomendado.

Conveniente sea comprobar, visto el anuncio del XVII Concierto de Navidad de los Puertos de Tenerife, que el entuerto de los puertos agregados más que agrupados, que es lo procedente en derecho, ha inferido agravio durante diecisiete años a los puertos que tienen nombres propios, sin que ningún político justo -si es que Diógenes con la linterna los encontrara- se diera por enterado. Desde la óptica centralizadora y concentradora de la provincia, en pleno Estado de las Autonomías, resulta un anacronismo que, mientras la Ley pretende que la agrupación de los puertos del Estado dentro de una misma Comunidad Autónoma sea "conseguir una gestión más eficaz y un mayor rendimiento del conjunto de medios utilizados", de contrario, el "quítate tú para ponerme yo" sea la nota imperante.

Los conciertos de Navidad hacen digno de aplauso a la Autoridad Portuaria, por esa magia de la música que traerá a la capital tinerfeña más barcos. ¿No sería más propio entre comerciantes bien avenidos -porque los puertos son comercios con puertas abiertas al público- que los conciertos navideños de la Orquesta Sinfónica de Tenerife se emitan desde todos y cada uno de los puertos de Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de La Palma, San Sebastián de La Gomera y La Estaca de El Hierro?

Claro que hay que ser iluso para creer que la agrupación iba a conseguir una gestión más eficiente y un mayor rendimiento, cuando constituye una comunidad de derecho germánico, donde la propiedad es colectiva o de mano común. Así que la Autoridad Portuaria de la provincia de Santa Cruz de Tenerife hizo de los puertos de interés general -primeros entre iguales- ubicados en la misma comunidad autónoma, propiedad en mano común de Tenerife.

No sería desacertado afirmar que la decadencia de La Palma en sus pasados y presentes tiempos le ha venido de su puerto, como la tos al gato. ¿Para qué repetir la historia de sus veleros y construcción naval, del Juzgado de Indias, del fondeadero y embarcadero benévolamente llamado puerto? Todo se lo llevó no la fuerza del viento, como en la famosa novela y película, sino la del vapor. Y sólo los vapores del XIX se dejaron ver por corto tiempo para la exportación de emigrantes. Hasta 1992, en España coexistían tres modelos de gestión portuaria: grandes puertos de Barcelona, Bilbao, Huelva y Valencia. Otros puertos de interés nacional (veintitrés), que gestionaban las juntas de obras de puertos, dependientes del Ministerio de Obras Públicas y, por último, una Comisión de Grupos de Puertos Menores, englobando el conjunto restante y centralizada en Madrid, los que ni siquiera tenían personalidad jurídica propia. En este cajón de sastre metieron al de Santa Cruz de La Palma, agrupado con el de San Sebastián de La Gomera y el de El Hierro. De aquí le vino a La Palma el sambenito de isla menor, perdiendo su prosapia realenga y ser una de las tres principales de Canarias. Tan pobre y mísera se quedó que como único servicio del puerto le instalaron en la entrada del muelle un chorrito de agua y que, para permitírsele un primer atraque, tuviera el presidente del Cabildo recién creado (1913) que pagar de su peculio la factura devengada a la contrata.

Volviendo a la Autoridad Portuaria Puertos de Tenerife, viene a cuento algún párrafo de la Exposición de Motivos del Anteproyecto de Ley de Modificación de la Ley 48/2003, de 26 noviembre, de Régimen Económico y de Prestación de Servicios de los Puertos de Interés General: "Un marco de libre y leal competencia que fije las normas de juego imprescindibles de un sector como este, tan importante para la actividad económica, y que, además, garantice a los ciudadanos españoles cualquiera que sea la zona en la que vivan, costera o no, que el sistema portuario español no se desvíe de su auténtica misión, instrumental y no endogámica, coadyuvando al desarrollo económico y social de las zonas en las que viven y de España en su conjunto".

Y para cierre de la edición, cabe preguntar a las autoridades y fuerzas políticas de La Palma que si el de Santa Cruz de La Palma es uno de los 48 puertos del Estado e Interés General, situado en un territorio insular, ¿creen que su dirección y administración se encuentra atendida desde una "casita rural"? Previo sería enterar a los peninsulares, lo que los canarios no terminan de aprender, que Canarias no es una región archipielágica, sino una identidad territorial de islas llamada archipiélago. De la exposición de motivos antes aludida, se infiere que el modelo de relación entre Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias no es de unificación y dependencia: "Se basa de manera esencial en el principio de lealtad institucional".