La Unión de Ganaderos y Agricultores de La Palma (UGAP) exigió ayer a través de un comunicado que se compense a los agricultores que llevan tres años consecutivos tirando sus cosechas plataneras a los barrancos por las exigencias del mercado, al entender que es una situación que está generando graves pérdidas económicas a los afectados, llegando a poner en compromiso la viabilidad de sus explotaciones.

La UGAP afirma que pagar 0,15 euros por kilogramo "es como mínimo una burla" para los cosecheros, sobre todo "cuando estamos hablando de que el costo de recogida y empaquetado ronda los 0,20 euros". Además, hace mención a los informes internos de Asprocan en los que se reconoce que en Canarias "vendiendo menos kilos ha entrado más dinero", y se pregunta "¿en qué bolsillos está ese dinero".

Esta asociación se muestra contraria a seguir pidiendo fondos a las instituciones públicas "sin antes optimizar los que ya tenemos", advirtiendo de que en Canarias "entran 141 millones de euros anuales en concepto de ayuda al plátano y es una obscenidad seguir pidiéndole más dinero al Estado o a Europa sin antes usar los fondos que ya tenemos de una forma eficiente".

Problemas internos

De igual forma, y al contrario que otros colectivos agrarios, la UGAP considera que la bajada de arancel "no es la causa de la grave pérdida de renta que estamos sufriendo", ya que "nadie se cree que por que se vendan bananas a 0,03 euros el kilo más baratas, el consumidor deja de comprar plátanos. Las causas hay que buscarlas en Canarias, no en la Península".

En este sentido, esta agrupación se queja de que las seis organizaciones de productores de plátanos existentes "siguen siendo 24 casas exportadoras o más". Además, "nadie se pone de acuerdo en qué es calidad; publicitan un plátano pequeño y se prima uno grande; y no se llegan a acuerdos estables con la distribución para la venta a lo largo de todo el año a un precio que ronde los 0,85 euros el kilogramo".

Por último, la UGAP entiende que "ya es hora de que se deje de lado la política de la alarma social, fatalista, pedigüeña y de no asumir responsabilidades, mientras parte del sector va desapareciendo poco a poco. Es hora de comenzar a hacer una política constructiva en la que aportemos soluciones y se asuman responsabilidades por parte de quienes ostentan y pretenden seguir ostentando la representatividad del sector".