Las obras que ejecuta la empresa Satocan, mediante concesión pública, en el puerto deportivo de Tazacorte, consistentes en la construcción de la nueva marina y sus edificaciones anexas, cuentan con autorización de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias en cuanto a la explotación del dominio público, pero carecen de licencia municipal para desarrollar unos trabajos que ya están en avanzado estado de ejecución.
El PGO del municipio obliga a la redacción de un Plan Especial para ordenar el sistema general de la infraestructura portuaria que ni el Ayuntamiento de Tazacorte ni la Consejería han realizado. En el mismo se debe ordenar el muelle, como único documento válido y que ha de dar cobertura legal a las obras que ya se están ejecutando y que corresponden al edificio de Capitanía y su proyecto eléctrico, los aparcamientos y unas cabañas de madera en la zona deportiva. Al respecto, no existe un documento que regule tanto los usos como la apariencia estética de las mismas.
Según ha denunciado el PSC de Tazacorte, "en estos momentos existen solicitudes de licencias de construcción para dos edificaciones en el puerto, con obras que están a punto de finalizar, dándose la paradoja de que no se les puede dar licencia pues no hay ningún planeamiento que las ampare". Es decir, "se están construyendo obras públicas directamente fuera de ordenación, con la inseguridad jurídica que conllevaría sacar a concesión administrativa unas instalaciones sin licencia".
La concejal socialista y diputada, Carmen Acosta, considera "un escándalo y una temeridad" la actuación realizada al margen de la legalidad, pese a las reiteradas denuncias presentadas por parte el esta formación política".
Una vez más, afirma, "los responsables de Unión Bagañeta (UB-CC), priman los intereses particulares sobre los generales y continúan con una línea de actuación que ya ha llevado en otras ocasiones al Ayuntamiento de Tazacorte ante los tribunales, mientras los ciudadanos sufragan las costas de estos juicios".