Me enteré del disparate el día que vino un técnico para arreglar el aire acondicionado de la oficina. La verdad es que todo el sistema estaba un poco cascado y le pedí presupuesto para una instalación nueva. e habló de un coste aproximado, aunque con la advertencia de que él no podría hacerlo por carecer de autorización. "Estoy dado de alta como instalador en Cataluña pero no aquí", me confesó. "En Canarias solo puedo hacer reparaciones". Bastante anonadado, le pedí que me explicase cómo era posible eso, habida cuenta de que Cataluña, mientras as y los suyos no declaren plenamente la independencia de la butifarra, sigue formando parte de España y una titulación académica -o profesional, o una licencia para cualquier actividad económica- expedida por cualquier consejería de la Generalidad debe tener tanta validez como si la sella el organismo equivalente en la Administración canaria. Ingenuo que continúa siendo uno.
Ese día supe, porque aquel chico -nacido en Tenerife aunque se formó en Barcelona- tuvo la amabilidad de ponerme al tanto, que el operario de una grúa con el título conseguido en Sevilla puede trabajar en una obra de Huelva pero no en una de Valencia. Y así oficio por oficio en las diecisiete comunidades autónomas. Para que luego digan que en este país no cabe un tonto más.
Con la buena idea de reconducir semejante locura, en el supuesto de que a estas alturas de la película sea posible algún arreglo sin echar abajo todo el tinglado y empezar de cero, el Gobierno de Rajoy decidió el viernes que las empresas puedan operar en todo el país con una sola licencia. Paralelamente, la Comisión Nacional de los ercados y la Competencia suspenderá cualquier norma regional que vaya en contra de la nueva Ley.
Era de esperar la pataleta correspondiente de algunas autoridades autonómicas. "Invade competencias de la comunidad y es un auténtico atentado a la protección de usuarios y consumidores", ha dicho el inefable José Antonio Griñán, quizá calculando que con menos poderes vernáculos será un poco más difícil que ocurran escándalos como el de los expedientes de regulación de empleo. Por lo demás, me gustaría que el presidente andaluz me explicase en qué me perjudica como usuario que el mismo técnico que me repara algo en mi casa o en mi oficina, también pueda instalar ese algo. Tampoco le ha gustado la medida a Gustavo atos, director general de Comercio del Gobierno de Canarias, quien pronostica un nuevo conflicto con el Estado porque, al igual que Griñán, estima que la medida del Ejecutivo central invade competencias de las comunidades autónomas. Lo raro sería que alguien del Gobierno de Canarias -o de su entorno próximo- no se levantase cada día de la cama pensando en qué conflicto con el Estado se va a inventar en la jornada que tiene por delante.
La fuerza económica de Estados Unidos radica no solo en sus exportaciones; también cuenta, y mucho, su enorme mercado interno. Ese mismo criterio mantiene cohesionada -hasta cierto punto, claro- a la UE pese a las disputas inevitables. Nosotros, para no dejar de ser diferentes, hemos fraccionado un mercado nacional que ya inicialmente no era muy grande en diecisiete parcelas para que gente como Griñán, as y hasta Paulino Rivero puedan ser algo más que alcaldes de pueblo. Y luego nos alarmamos por tener seis millones de desempleados.
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