El artículo 27 de la Constitución Española garantiza el derecho de todos a la educación y el artículo 49 obliga a los poderes públicos a ofrecer un amparo especial a las personas con discapacidad para que puedan disfrutar de los mismos derechos que el resto. María del Carmen Hernández es madre soltera y Leví García Hernández es su hijo, un niño de siete años con autismo. Nadie impide a esta pequeña familia de La Victoria el acceso a la educación, pero se lo han puesto difícil. Acudir al colegio que les ha tocado en Tacoronte es una carrera de obstáculos para ambos desde hace más de tres años.

El trastorno autista de Leví le obliga a acudir a un Aula Enclave, un servicio educativo más adaptado a sus necesidades, que se le ha asignado en un centro ubicado a 12 kilómetros de su casa en La Victoria: el colegio María Rosa Alonso, en Tacoronte.

Hernández vive con sus padres, dos personas dependientes de 78 y 76 años de edad, y trabaja con turnos cambiantes en una residencia de mayores en Ofra. Lo más usual es que trabaje de 8:00 a 15:00 horas, por lo que necesitaba, como tantas otras familias, apuntar a su hijo en la acogida de temprana para dejarlo antes en el colegio, y en alguna actividad extraescolar para retrasar su salida.

Sin embargo, el autismo de Leví es un obstáculo insalvable para que el niño pueda disfrutar de la acogida temprana o las extraescolares. Su presencia requeriría personal de apoyo y esa opción no existe, a pesar de la evidente necesidad. Primer problema.

Ante la imposibilidad de compatibilizar su horario laboral con el horario escolar de su hijo, Hernández solicitó el transporte escolar. Se lo han concedido, pero con una salvedad: Educación y la empresa de transportes consideran peligrosa la empinada y estrecha vía donde residen, la calle Los Cercados, y a Leví lo recogen y lo devuelven en un punto ubicado a más de 300 metros de su casa. Una distancia que parece poca cosa, pero hay que tener en cuenta el desnivel existente, la falta de aceras en varios tramos, los problemas de conducta de Leví y sus dificultades de movilidad por un pie zambo. Por eso el trayecto se convierte en un segundo problema.

El tercer problema es que el transporte escolar pasa a 300 metros de su casa bastante después de las ocho de la mañana, que es el horario habitual de trabajo de esta madre. Para resolver este inconveniente, María del Carmen conduce varios kilómetros hasta la carretera de La Esperanza, donde Leví se sube en la primera parada del micro, sobre las 7:30 horas.

El cuarto problema se da a la salida. A Leví lo dejan a más de 300 metros de su casa a las 14:00 horas, cuando su madre aún trabaja. Si el micro pasara junto a su vivienda, una tía suya que a esas horas cuida a sus abuelos dependientes podría hacerse cargo de él, pero como el micro para lejos, Hernández debe pagar a una vecina para que acuda a recogerlo. Un gasto y una ayuda extra que son el quinto problema.

Hernández lleva más de tres años intentando que el micro varíe su ruta y pase junto a su casa, "o al menos se acerque a 30 metros, en una zona donde la vía es menos estrecha y empinada".

Esta madre no entiende por qué consideran tan peligrosa la calle de Los Cercados, que es de doble sentido, e insiste en que la pequeña guagua también podría hacer el recorrido de bajada "si el problema es parar al subir".

"Por mi calle suben y bajan camiones, furgones, ambulancias... pero el micro ni sube ni baja -lamenta-. Solo pido que me acerquen al niño a casa. Con eso nos facilitarían mucho la vida".

La empresa de transportes afirmó a EL DÍA que si la Consejería de Educación autoriza la parada junto a la casa de Leví y se hace responsable del riesgo, variarán su ruta "a pesar de la pendiente y estrechez de la vía".