Los vecinos de las zonas orotavenses de Tafuriaste, Las Candias y La Playita, críticos con la presencia de cabras en el barranco del lugar -sin los correspondientes permisos y que provocaron un caso de gripe Q que obligó a Salud Pública a decretar su desalojo-, han decidido acudir a la vía judicial de urgencia ante el retraso de más de seis meses de dicha reubicación.

Estos residentes tienen previsto reunirse hoy para perfilar la denuncia judicial, pero ya han llegado a la conclusión de que no les queda otro remedio después de que, mediante una abogada, dieran el pasado 2 de noviembre un plazo de un mes al alcalde para que cumpliera la exigencia de las autoridades sanitarias.

La petición de Salud Pública obedecía a la confirmación del caso de fiebre Q y a los resultados de los análisis a las más de 300 cabras de la zona hace más de medio año, de las que un 67% dio positivo por dicha afección. La exigencia y el apuro de los plazos derivaron en el triste fallecimiento de uno de los tres cabreros afectados, que decidió poner fin a su vida justo antes de que expirara dicho plazo.

Su primo, que también posee cabras, asegura que la fiebre se debió a que la mayoría estaban preñadas, pero este argumento no solo no convence a los vecinos, sino que, ante la contundencia de la resolución, sus peticiones por la vía administrativa y los incumplimientos, se muestran indignados y alarmados por una situación que creen de máxima prioridad.

Según subrayan, dudan incluso de que se haya sacrificado alguna cabra y han contabilizado más de un centenar en los últimos días en el barranco y en zonas cercanas, como Lercaro, en donde pastorean. Además, alertan de que tampoco se ha limpiado y fumigado la zonas donde están las placentas, lo que se torna cada año en focos de infección. Por ello, advierten de que persisten las pulgas, que afectan al vecino más cercano a los dos establos que ya se han derribado pero que mantienen esos restos.

Asimismo, denuncian los malos olores, la masiva presencia de ratas y, por ende, hasta la prematura llegada, al tratarse de aves más de verano, de búhos chicos y lechuzas o corujas, que compiten por los roedores y "amenizan" la noche piando, situación que en 2012 llegó a ser insoportable para algunos vecinos, que incluso recogieron firmas.

El consejero insular de Ganadería, José Joaquín Bethencourt, calificó ayer de "exagerada" la reacción vecinal y anunció que ha dado de plazo hasta la próxima semana al propietario de las "cien cabras que quedan (el 67% se sacrificó), y que tienen control sanitario y menor incidencia de la fiebre, para que cierre una operación de venta, para la que hay dos posibles compradores". Según subraya, se trata de la solución más equilibrada, aunque, de cumplirse ese plazo, reubicaría los animales en una zona del Norte hasta dicha venta, evitando así la "peor salida económica, que sería sacrificarlos". Eso sí, advierte de que el problema del pastoreo continuará.