El Boletín Oficial de Canarias (BOC) publicó ayer el pliego de condiciones que rige el concurso público para adjudicar la construcción y concesión administrativa del nuevo muelle del Puerto de la Cruz. Las empresas e inversores interesados en ejecutar la obra y gestionar la infraestructura y los terrenos anexos por un periodo de 30 años tendrán seis meses de plazo para presentar sus propuestas al Gobierno de Canarias.

La concesión administrativa de dominio público marítimo terrestre que debe otorgarse comprende una superficie total de 420.000 metros cuadrados, de los que 80.000 metros cuadrados serán en tierra y otros 340.000 metros de lámina de agua. Esta superficie es inferior a la prevista en el proyecto inicial, debido a los recortes impuestos por Costas, que han sido recurridos por el Gobierno regional.

El consejo de administración del ente público Puertos Canarios será el encargado de resolver el concurso, en base a los criterios establecidos en el pliego de condiciones publicado ayer.

El licitador deberá contemplar en su proyecto la construcción de una dársena pesquera que tendrá un mínimo de 10.000 metros cuadrados terrestres y otros 15.000 metros de lámina de agua, así como la implantación de un dispositivo para permitir la varada en tierra de embarcaciones pesqueras y deportivas, conocido técnicamente como "cajón de travel-lift".

El plazo de seis meses para presentar las ofertas arranca hoy y concluirá en el mes de octubre.

El alcalde del Puerto de la Cruz, Marcos Brito (CC), mostró ayer su satisfacción, "y la del grupo de gobierno", por la publicación en el BOC de las bases para la concesión, tal y como se adelantó en la rueda de prensa celebrada el pasado mes de marzo en Presidencia del Gobierno de Canarias. "Se están cumpliendo con los plazos previstos y así seguirá siendo", subrayó.

El pliego de condiciones que regirá la concesión administrativa del puerto establece que las obras deberán quedar totalmente terminadas en el plazo máximo de ocho años a partir de su adjudicación.

La obra prevista deberá suponer una inversión mínima de 70 millones de euros. El canon mínimo a pagar por el concesionario será de 468.290 euros al año.