La planta de extracción de áridos, cementera y de desguace de vehículos de Riquel de Icod de los Vinos cumple su séptimo mes precintada por orden judicial por diversas irregularidades y se está a la espera de que los propietarios de las empresas presenten los proyectos de restitución de la zona. Ese polémico cierre se saldó con dos grandes manifestaciones de protesta de trabajadores, el 23 de junio y el 11 de julio de 2009, con la movilización de ochenta camiones, empresarios y sectores de la sociedad icodense, ante el riesgo evidente, que luego se confirmaría con el despido de los primeros 25 empleados, de la pérdida de empleo y de tejido industrial. Las cinco empresas establecidas en el lugar daban empleo a casi un centenar de trabajadores hasta el cierre cautelar de las instalaciones, pero se han visto obligadas a reducir drásticamente sus plantillas, dos de ellas en su totalidad, mientras que en otras ha habido más suerte, pues se ha optado por la recolocación en otros centros de la Isla.

El representante de Desguaces Tenerife, Celio Rodríguez, manifestó ayer a EL DÍA que se han perdido 60 empleos directo y 1.500 indirectos en los últimos siete meses.

Apuntó que los proyectos esbozados en su momento fueron descartados por el ayuntamiento dado que exigía la firma de un protocolo previo por el que se determine la organización del desplazamiento de las industrias y el reacondicionamiento de las parcelas. Sin embargo, se ha de salvar el escollo de la lentitud de la administración.

Rodríguez expresó su preocupación para la paralización del expediente del cierre de las instalaciones y aclaró que se ha pedido a la autoridad judicial que se levante el precinto de la planta para poder retirar los casi 4.000 vehículos depositados y así despejar la zona en prevención de incendios o robos. No obstante, advirtió de que el recinto dispone de vigilancia a cargo de las empresas. El alcalde de la ciudad del Drago, Diego Afonso, indicó que le corresponderá al juez valorar si existe la voluntad de solucionar el problema medioambiental planteado en esa zona.

"Ni humo ni colirio"

Quienes han valorado los siete meses del cierre de la planta de Riquel han sido los vecinos de San Marcos, como lo ha constatado una habitante de la zona afectada que indicó que ahora "hay menos humos, tierra y menos gasto en farmacia para comprar colirio para los ojos".

La comunidad vecinal había interpuesto hace años una demanda contra la planta de extracción minera por los perjuicios ocasionados al medio ambiente y por las repercusiones en la calidad de vida y salud de sus habitantes.