Cuando toda España conmemoraba desde el más profundo dolor el primer aniversario del 11-M, el casco de La Orotava vivía desde el día anterior, el 10 de marzo de 2005, unos acontecimientos que ya forman parte de la historia local y que se han convertido en referente de la lucha vecinal en la defensa de la ley y el patrimonio histórico, artístico y cultural. Hoy se cumplen cuatro años de aquella primera jornada histórica, que tuvo en la tarde del 11 de marzo de 2005 un momento álgido y casi trágico con la acción de una ya célebre pala mecánica ante medio centenar de vecinos y políticos que impidieron la continuación del derribo del teatro Atlante y de seis casas colindantes, con instantes de tanta tensión y peligro que se rozó el drama físico.

Desde entonces, y tras 19 días de acampada, una larga lucha y polémica sociopolítica, múltiples autos y victorias judiciales parciales o definitivas, el llamado Movimiento Vecinal Atlante se ha afianzado como referente patrimonial y ha participado en otras cuestiones relativas al mantenimiento de los valores culturales de la Villa, como la defensa de otros inmuebles o su participación en la contestación al Plan Especial del Casco. Sin embargo, y aunque el Pleno municipal decidió hace meses retirarse de la causa judicial abierta desde los citados acontecimientos de 2005, la denuncia de la empresa Pejomar se ha mantenido y se ha traducido en una citación judicial a 50 vecinos, ex ediles y concejales de la actual corporación que tendrá lugar el próximo 2 de abril en los juzgados de La Orotava.

Por un error de la administración de Justicia, en las citaciones llegadas a los vecinos denunciados se mantiene al consistorio como denunciante. En declaraciones a EL DÍA, y en línea con lo que manifestó en el último pleno en respuesta a unas críticas del portavoz de IU-LV, Francisco Baute, el edil de Urbanismo, Narciso Pérez insiste en que se trata de una confusión del juzgado y en que el ayuntamiento se ha retirado de esa causa y ha abierto un periodo de negociación para decidir qué se hace con la parcela, rechazado el edificio previsto inicialmente.

La presidenta del Movimiento Atlante, la vecina de la zona y profesora en Secundaria de Historia Contemporánea Mariví Martínez, indicó ayer a este periódico que esperan la cita judicial confiados en que se diluya la denuncia porque "sólo" trataron de defender el valor patrimonial del teatro y de la casa 26 de la calle Nicandro González, "valor que han certificado luego los juzgados al declarar nulas las licencias de demolición y al darnos la razón sobre la mayoría de nuestros argumentos, impidiendo el edificio de viviendas previstas".

Los vecinos confían en que la justicia les absuelva de cualquier posible infracción o delito. El pasado sábado celebraron el cuatro aniversario del Movimiento Atlante y desde entonces preparan con su abogado la cita judicial del próximo jueves 2 de abril.