El Gobierno municipal de Barcelona ha asegurado este martes que la creación de un fichero con datos personales de los agentes de la Guardia Urbana que anunció el 23 de febrero el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona (Bopb) es una actualización de formatos de una base de datos existente.
Según han informado fuentes municipales, el fichero ''Gestión de la Unidad de Deontología y Asuntos Internos de la Guardia Urbana'', y que recogerá información personal como ideología, religión, afiliación sindical, origen racial y étnico y vida sexual, entre otros, se usará para conocer datos sobre aquellos agentes a los que se les abra un expediente.
El anuncio en el Bopb, que somete a información pública el expediente, el fichero informatizado tiene como finalidad la gestión de procedimientos de información reservada a funcionarios e investigación de hechos constitutivos de infracción disciplinaria o penal, procesos sancionadores, vinculados a la asignación de armamento y registro de sanciones impuestas, quejas ciudadanas y peticiones de otras entidades competentes.
DATOS "ESPECIALMENTE PROTEGIDOS"
El fichero incluirá datos "especialmente protegidos" referentes a ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial y étnico, salud, vida sexual y violencia de género, que sean especialmente relevantes para la investigación concreta.
También incluirá datos como el DNI, teléfono, firma, aficiones, estilo de vida, asociaciones, formación, creaciones --artísticas, científicas y técnicas--, ingresos, datos bancarios, tarjetas de crédito, hipotecas, situación familiar, vivienda, propiedades e infracciones administrativas y penales, entre otros.
Cita como personas y colectivos "sobre los que se pretenda" obtener datos de carácter personal a miembros de la Urbana y también de Policías Locales de Cataluña, alumnos del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña (ISPC) y miembros de los Mossos d''Esquadra, pero según las citadas fuentes, sólo relacionados con investigaciones.
Además de usar registros públicos y fondos accesible al público, los datos se recogerán por teléfono mediante encuesta o entrevista, formulario y transmisión electrónica, y sólo se comunicarán a administraciones o entes públicos que lo requieran en el uso de sus competencias.