Con diez acuerdos entró Mariano Rajoy en el Senado y con once sale. O con once y medio. Porque la VI Conferencia de Presidentes no sólo ha logrado sumar un pacto contra la violencia machista, sino que además ha puesto fecha a la nueva financiación autonómica: ya asoma por el tramo final de año.

También puede decirse que Rajoy llegó al Senado sin plazo para la reforma, pero sale al menos con una declaración de intenciones. En el acuerdo se habla de "intentar" el consenso antes de que acabe 2017.

Así que al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, presente en la Conferencia, se le acumula el trabajo: tiene mucho que hacer y quizá poco tiempo para hacerlo.

Primer paso. Un comité de expertos, que se creará antes de un mes, empezará a estudiar cómo ha funcionado el sistema vigente para localizar los puntos, que son muchos, en los que el modelo ha descarrilado.

Segundo paso. El Consejo de Política Fiscal y Financiera deberá revisar los informes hechos, incluidos los específicos sobre dependencia, sanidad y corresponsabilidad fiscal, para comenzar a redactar la Ley.

Tercer paso. Ir al Congreso y al Senado para recabar mayoría absoluta, pues la financiación autonómica tiene el sello de ley orgánica, y sin esa mayoría, no hay ley.

Tres pasos sólo que parecen sencillos, pero de sencillos nada.

Porque hay que negociar cada letra, cada palabra, todos los párrafos, y especialmente, cada número.

Las sensibilidades que están en juego y las demandas que se apelotonan sobre la mesa son, ni más ni menos, que las de todas las comunidades autónomas, incluida Cataluña (pero excluidas Euskadi y Navarra, que tienen su propio modelo).

Precisamente las ausencias de Carles Puigdemont y de Íñigo Urkullu han deslucido poco una Conferencia que, no obstante, algunos responsables autonómicos han comentado, casi siempre para lamentarlas.

Once acuerdos se han logrado, incluso uno de última hora sobre violencia de género, y las intervenciones, en general, se han caracterizado por el guante blanco. Un presidente, al término, ha comentado que ha sido "una balsa de aceite" y que Rajoy ha ido en ella "sin despeinarse".

Acaloramientos ha habido pocos, salvo el de la armonización fiscal, una propuesta de la andaluza Susana Díaz que han secundado Extremadura, Asturias, Castilla y León o Cantabria, pero no Madrid, donde la presión tributaria es la más baja, de lo que presume Cristina Cifuentes.

Ella, por esa razón, se ha revuelto ante la crítica de que fomenta una suerte de "competición" por ver quién baja más los impuestos. Ha dicho que su modelo funciona mejor que otros.

Y se acabaron las rencillas.

Tras un desayuno con el rey, una mañana de intervenciones políticas (las más largas de Emiliano García-Page, Susana Díaz y Alberto Núñez Feijóo), y un almuerzo algo rápido que varios presidentes han aprovechado para organizar encuentros bilaterales, la sesión de la tarde, la de los acuerdos, se ha zanjado en dos horas y media.

Parte del mérito está en la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y en su equipo, que se ha pasado un mes trabajando a destajo, y la otra parte en los consejeros de Presidencia, que se han pasado ese mismo mes trabajando también a destajo.

Todo para llegar a una Conferencia de Presidentes que, a su vez, desembocara en diez más un pactos.

Sin ser políticamente de altura, todos entran en las calderas del Estado autonómico, o en una palabra que resume la idiosincrasia del modelo territorial: coordinación.

Más y mejor coordinación en protección civil para responder a catástrofes o amenazas terroristas; más coordinación para presentar en Europa políticas comunes, también sobre refugiados; más coordinación para la tarjeta social o el bono social; más coordinación para que la Conferencia de Presidentes se haga una vez al año...

Y más coordinación para hallar medidas que permitan aliviar el desfase poblacional: España está perdiendo gente porque su gente envejece.

Esa coordinación tendrá que afinarse bien si Rajoy quiere dar a las comunidades la madre de todos los regalos: más dinero dentro de la nueva financiación.

En época carente de mayorías claras, no es mal regalo, incluso para Rajoy. Ya se verá si lo es también para Montoro.