> El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, ha rechazado también dejar en libertad al secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, investigado por las presuntas extorsiones que su asociación realizó junto a Ausbanc a diversas entidades financieras y empresas.
El magistrado acaba de denegar la puesta en libertad del presidente de esta última asociación, Luis Pineda. Ambos se encuentran en prisión provisional desde el pasado 18 de abril después de que el magistrado decretara su encarcelamiento incondicional y sin fianza acusados de fraude en las subvenciones, estafa y administración desleal.
En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 ha desestimado la petición de Bernad al entender que no han variado las circunstancias que motivaron su ingreso en un centro penitenciario y en conformidad con el criterio de la Fiscalía.
Bernad abandonó temporalmente la prisión de Navalcarnero en Madrid a principios de octubre, para disfrutar de un permiso de una semana para visitar a su madre, de 104 años y con un delicado estado de salud, en Valladolid.
Durante este permiso, de una semana, Bernad debió permanecer en el domicilio de su madre bajo custodia policial. Se trató del segundo del que disfrutaba, después de que el pasado mes de mayo saliera de la cárcel para someterse a una operación de desprendimiento de retina.
OPERACIÓN NELSON
El Ministerio Público tiene indicios de que tanto Pineda como el responsable del Área de Delegaciones de Ausbanc, Ángel Garay, y el tesorero Alfonso Solé, conformaron desde hace años una trama dedicada a extorsionar a entidades bancarias a cambio de no iniciar acciones legales contra ellas en los tribunales junto con el sindicato Manos Limpias, cuyo secretario general, Miguel Bernard, también se encuentra en prisión por la misma causa.
La operación, bautizada como ''Nelson'', es fruto de una investigación que arrancó el 23 de febrero de 2015, hace más de un año. Exigían a las entidades sumas de dinero también a cambio de no difundir sobre ellos informaciones negativas. En el curso de la instrucción se han podido obtener suficientes indicios de que las personas detenidas utilizaban sus asociaciones, que supuestamente no tienen ánimo de lucro, para su enriquecimiento personal o el de sus allegados.
Según el fiscal, además de extorsionar a los bancos, obtenían fraudulentamente subvenciones y ofrecían "la retirada de la acción penal en algunos procesos previa exigencia de importantes cantidades de dinero", actividades que desarrollaron de forma organizada y prolongada en el tiempo.