El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Palma, Pedro Barceló, ha abierto juicio oral en el marco de unas diligencias centradas en el presunto desvío de más de 200.000 euros del Consell de Mallorca que fueron utilizados en 2007 para captar votos a favor de Unió Mallorquina (UM), y ha enviado al banquillo a tres exaltos cargos de la formación y a otros cinco acusados por estos hechos.

En concreto, serán juzgados, dentro de una pieza del conocido como caso Maquillaje, el exdirector insular de Relaciones Institucionales Josep Lliteres, la exjefa de Programas Coloma Munar, Eugenia Cañellas, quien fuese secretaria general técnica del exvicepresidente del Consell Miquel Nadal, y los colaboradores con los que contaron para realizar tareas de proselitismo y difusión del programa del partido.

La Fiscalía Anticorrupción solicita diez años de cárcel tanto para Lliteres como para Munar, mientras que reclama seis años de prisión para Cañellas por la supuesta comisión de delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude a la administración, falsedad por funcionario, falsedad mercantil y oficial y tráfico de influencias.

Según el Ministerio Público, Lliteres, Cañellas y Munar se pusieron de acuerdo, de cara a las elecciones autonómicas de 2007, para utilizar fondos públicos con los que premiar a personas o entidades que habían llevado a cabo o seguían realizando labores de captación de votos a favor de UM.

De este modo fue como los exaltos cargos decidieron montar expedientes de contratación que tendrían la apariencia de contratos públicos en beneficio de la Administración pero que en realidad ocultaban el pago, con fondos públicos, de la búsqueda de sufragios.

En realidad, precisa la acusación pública, estaban destinados a sufragar actos o eventos organizados por asociaciones o colectivos de inmigrantes en los que participarían los líderes de los mismos y personas destacadas de UM con el objetivo de dinamizar el voto de estos colectivos a favor de la extinta formación regionalista.

A tales efectos contaron con la colaboración del presidente de la Federación Argentina de Mallorca, Jorge Mandado; las comuneras de Girasol Productions Carina Barroso y Lucía Estella; la presidenta de la Asociación Mallorquines en América Norma Aurora Mario, y en una ocasión con el exjefe de Inversions per a la Millora de l''Entorn Turístic (IMET) Antoni Rebassa. Todos ellos también se sentarán en el banquillo.

La mayoría de los contratos se formalizaron en torno a los 12.000 euros -de tal modo que pudieran ser adjudicados de forma directa y sin concurso-, no reportaban ninguna utilidad pública y fueron tramitados sin respetar la normativa administrativa legal sobre contratación pública, además de no corresponderse su contenido con los servicios efectivamente prestados.

Entre ellos, hasta un total de 17, constan un ''acto de clausura de actividades'' por 11.895 euros que camuflaba la organización del certamen Miss Baleares Argentina; ''Trobada familiar de Pasqua'' por 11.731 euros -en realidad era una parrillada de la Casa Argentina-; ''Visita de joves a la UIB'', sin que figure precio ni su realización, o la ''organización de excursión a Alcúdia para colectivos de otras nacionalidades'' por 11.805 euros que tampoco aparece como realizada.

La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para Barroso y Luque; un año y ocho meses para Rebassa; un año para Mandado, y un año y dos meses para Norma Aurora Mario. El auto impone además a los acusados fianzas de responsabilidad civil que suman más de 290.000 euros.