El 65% de los vascos mantiene su rechazo frontal a ETA, lo que supone un punto menos que en junio de 2015, cuando se alcanzó un récord histórico del 66% de oposición, según el último Euskobarómetro correspondiente a la oleada de invierno, que destaca la práctica desaparición del apoyo explícito y total a la banda, incluso en el electorado de EH Bildu.

En el sondeo, elaborado por el equipo de investigación de la UPV/EHU dirigido por Francisco José Llera tras realizar 600 entrevistas entre los días 19 y 31 de enero de 2016, se recoge un incremento de 10 puntos en el último año del rechazo "frontal y mayoritario" a ETA de la sociedad vasca, una actitud mayoritaria en todos los Territorios Históricos (entre el 63% vizcaíno y el 67% alavés), entre nacionalistas (54%) y, sobre todo, no nacionalistas (75%).

También es una actitud mayoritaria en casi todos los electorados, desde el mínimo del 64% de Podemos e Izquierda Unida (IU), hasta el 94% del Partido Popular, el 76% del PSE, y el 72% del PNV, con la única excepción de EH Bildu (23%).

Las opiniones de apoyo remoto, sea de los que piensan que antes estaba justificada la violencia de ETA pero ahora ya no (11%), sea de los que comparten los fines pero no los métodos violentos (10%), experimentan un retroceso interanual de -9 puntos.

Para los autores del Euskobarómetro, lo más "llamativo" sigue siendo la práctica desaparición del apoyo explícito y total (1%), incluso en el electorado de EH Bildu (5%), así como la reducción a solo 3 puntos de la justificación crítica de los que apoyan a ETA reconociendo sus errores, que solo es mantenida por el 15% de los votantes de EH Bildu.

En la actualidad, la mayoría de la izquierda abertzale encarnada en EH Bildu parece situarse "definitivamente" entre los que dicen apoyar sus fines, rechazando sus métodos violentos (40%), o en el apoyo remoto (11%), a los que se añaden los que vuelven a expresar su rechazo frontal (23%).

En opinión de los responsables de la encuesta, estos datos "reafirman con claridad las tendencias y las razones de la pérdida de apoyo electoral de la izquierda abertzale y ETA en los años anteriores al cese definitivo de la violencia, así como la recuperación del mismo en el nuevo ciclo iniciado en 2011 o el desgaste más reciente".

Por otra parte, en el último semestre gana terreno ( puntos) la confianza (49%) en relación a la sinceridad de la predisposición de ETA y su entorno social de poner fin a la violencia, pero, sin embargo, se mantiene la división de opiniones respecto a la voluntad de la izquierda abertzale para aceptar las reglas del juego democrático, un 42% que cree que hay voluntad frente a un 37% que opina lo contrario.

Un 46% de los encuestados sigue decantándose por el apoyo a que todos los terroristas que se arrepientan y expresen su decisión de abandonar las armas deberían beneficiarse de las medidas de reinserción social, a pesar de su retroceso semestral de -4 puntos.

Frente a ellos, un 28%, tras un avance semestral de 7 puntos, opina que estos beneficios solo podrían aplicarse a aquellos que no tengan delitos de sangre, mientras que un 19% sigue sin estar dispuesto a "perdonar" y cree que unos y otros deben cumplir íntegramente sus penas.

Asimismo, un 31% opina que ETA utiliza a los presos como "rehenes o moneda de cambio para sus pretensiones y su continuidad", y el mismo porcentaje opina lo contrarios, mientras que otro 38% no se pronuncia al respecto.

PROCESADOS

Por otro lado, el 67% de los encuestados respalda los acuerdos a los que dirigentes y militantes de la izquierda abertzale procesados por su pertenencia a ETA llegaron con las autoridades judiciales y las acusaciones, obteniendo una reducción de su posible condena a cambio de reconocer su militancia en la organización, rechazar el uso de la violencia y asumir el daño causado a las víctimas, así como la disposición a repararlo. Por el contrario, un 9% rechaza este tipo de acuerdos y un 24% muestra "dudas".

Por último, un 38% de los entrevistados apuestan por una "solución individualizada" para los presos de ETA que se acojan a la legalidad penitenciaria, mientras que un 25% opta por "una salida negociada y un tratamiento global, incluida la reivindicación de la amnistía".