El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo pidió al Gobierno español informaciones complementarias sobre su procedimiento de expulsiones de inmigrantes en Melilla, al hilo de una denuncia presentada por dos subsaharianos enviados a Marruecos en agosto de 2014 cuando trataban de saltar la valla.
Un ciudadano malí y otro marfileño llevaron a España ante el Tribunal de Estrasburgo al considerar que fueron objeto de una expulsión masiva junto a, al menos, otras 75 personas.
Según explicaron hoy fuentes del organismo, los magistrados no se han pronunciado sobre el fondo de la denuncia "por expulsión colectiva" y por la "imposibilidad de identificarse (los demandantes), de hacer valer sus circunstancias individuales y de oponerse a la decisión".
"En el estado actual del caso, el Tribunal no se considera capaz de pronunciarse sobre la admisión de esa denuncia y considera necesario comunicar esta parte de la misma al Gobierno defensor", al que solicita información adicional, señaló la Corte.
Fuentes del organismo señalaron que eso implica que España deberá enviar información complementaria, que será analizada por los magistrados y, en su caso, pedirán explicaciones tanto al país defensor como a los demandantes si lo consideran necesario.
Los magistrados rechazaron, sin embargo, las denuncias presentadas por los dos inmigrantes por torturas y trato degradante o inhumano.
Los denunciantes lograron superar las dos primeras vallas fronterizas de Melilla y se encaramaron a la tercera, donde permanecieron varias horas, antes de que fueran descendidos por efectivos de la Guardia Civil que les esposaron y les llevaron a territorio marroquí.
Aunque los denunciantes aseguran que en el tiempo que estuvieron subidos a la valla fueron "testigos de violencias de los agentes de la Guardia Civil y de las fuerzas del orden marroquíes a otros individuos subsaharianos", la Corte estimó que ellos mismo no dijeron haber sufrido torturas y trato degradante e inhumano por parte de los agentes españoles.
"Nada en este caso permite establecer cualquier violación por parte de las autoridades españolas" de los artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos, señala el Tribunal.