El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha restado hoy importancia a los registros efectuados en el domicilio y el despacho del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, porque solo el año pasado se efectuaron unos 1.800 en toda España.

Así ha respondido Montoro al senador socialista Antonio Julián Rodríguez Esquerdo, que ha pedido su dimisión por el "gran espectáculo mediático" montado hace dos semanas cuando los agentes de Vigilancia Aduanera entraron en la casa y la oficina de Rato, que llegó a estar unas horas detenido.

Montoro, que ha lamentado que reclamen su marcha por perseguir el fraude fiscal y lo contrario, ha respondido que estas teorías de "la conspiración" le dejan "estupefacto completo" y "pasmao", al tiempo que demuestra el desconocimiento sobre el funcionamiento de las instituciones.

Según el titular de Hacienda, desde hace año y medio "largo", la Agencia Tributaria estaba investigando el patrimonio del ex director gerente del FMI, pero a la pregunta de por qué se trasladó a la Fiscalía de Madrid "puenteando a Anticorrupción", ha subrayado que no le corresponde a él contestarla.

"Es una cuestión del órgano correspondiente dentro de la Agencia Tributaria", ha dicho Montoro antes de añadir que "el ministro no tiene ni por qué estar informado de esos procedimientos".

No obstante, ha querido zanjar el debate asegurando que no ve "diferencias entre fiscalías", aunque ha emplazado al parlamentario a presentar su pregunta por escrito para que sea la Agencia Tributaria la que conteste porque "está facilitando con rigor y preparación la justicia en nuestro país".

Previamente, Rodríguez había recordado cómo la denuncia llegó a la Fiscalía Provincial de Madrid que, "pronta y bien mandada" por la AEAT, pidió al Juzgado de Guardia de Plaza de Castilla los registros y la "pseudodetención" de Rato sin dar cuenta a Anticorrupción.

De hecho, solo un día después de los registros y la detención del expresidente de Bankia, la Fiscalía Especial reclamó la competencia para asumir la investigación abierta a Rato por fraude, blanqueo y alzamiento de bienes, que terminó dándosela dos días después la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal.