La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) someterá a la votación del Pleno del Congreso una proposición no de ley con la que pretende reprobar al ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, por haber actuado "desde la opacidad, el engaño y la arbitrariedad" en relación con las energías renovables.

La iniciativa ya fue avanzada por la diputada catalana Laia Ortiz el mismo día que se conoció que el Ministerio de Industria había aprobado la normativa reguladora de las retribuciones de las energías renovables antes de recibir los informes las consultoras privadas a las que se había contratado para informar sobre los costes de cada tecnología.

Esa decisión, a juicio de Ortiz, responde a que "uno de los objetivos" de la reforma eléctrica del Gobierno era "recortar las primas a los renovables", por lo que al Ministerio no le importó calcular las retribuciones "sin basarse en unos criterios objetivos", lo que "demuestra una arbitrariedad absoluta".

"Afirmaron que los estándares de los costes de inversión se basaban en los informes de las consultoras cuando realmente no ha sido así. Han actuado con opacidad al no querer hacer públicos estos informes. Y sus acciones han tenido unas consecuencias muy graves sobre el modelo energético de este país, impidiendo una transición hacia un modelo independiente de los combustibles fósiles, que no genere contaminación atmosférica ni emisiones de cambio climático. Un modelo basado en las energías renovables, el ahorro y la eficiencia", lamenta Ortiz.

Así, por "haber actuado desde la opacidad, el engaño y la arbitrariedad en la fijación de los estándares de los costes de inversión y operación que han servido para establecer la retribución de las energías renovables", la Izquierda Plural reclama que se repruebe al titular de Industria, Energía y Turismo.

La propia diputada de ICV ya señaló al conocerse la información sobre este asunto que Soria podría haber prevaricado con el recorte de primas a las renovables el año pasado, por lo que exigió también su inmediata dimisión.

Cabe recordar que el Ministerio de Industria presentó ante el Tribunal Supremo (TS) un informe para justificar el fin de las ayudas a las renovables fechado con posterioridad a la aprobación del recorte de 3.000 millones de euros. Los afectados denunciaron públicamente entonces que el Gobierno se había gastado "un millón de euros para hacer unos informes que no han usado".

Industria sostuvo que en la toma de la decisión pesó un informe elaborado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía y que no se encargó "a ninguna empresa externa la elaboración" de estudios.