El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha suspendido el juicio de la pieza 3 del caso Gürtel, relativa a presuntas irregularidades en contrataciones de la feria Fitur entre los años 2005 y 2009, para garantizar los derechos de defensa de los acusados, y ha acordado retomarlo el 11 de junio, es decir, tras las elecciones autonómicas y locales.

El lunes, tras más de cuatro años de instrucción, arrancó en el tribunal valenciano la vista por la pieza 3 de Gürtel, con dos días dedicados a cuestiones previas.

Previamente, el caso había estado paralizado un año después de que el procedimiento se quedara sin personas aforadas -tras la renuncia a su acta de diputada Milagrosa Martínez- y se planteara una cuestión de competencia.

Este caso llegó hasta el Tribunal Supremo, que fue quien dictaminó hace escasos meses que el tribunal competente para juzgar esta pieza era el TSJCV, puesto que en el momento en que la pieza se había quedado sin personas aforadas, ya se había dictado la apertura de juicio oral.

De esta forma, el tribunal valenciano se puso manos a la obra y señaló el 31 de marzo de este año para comenzar con la vista. Había previsto 37 sesiones, acabar el 8 de octubre, y que los acusados comenzaran a declarar el 10 de abril.

Tal y como se dispuso entonces, entre el martes y el miércoles, las defensas aprovecharon las cuestiones previas para solicitar la suspensión del juicio -solo habló de plazos el letrado de la exconsellera Milagrosa Martínez, quien requirió una suspensión mínima de seis meses- al alegar, entre otros motivos, que había cierta documentación que sí había estado a disposición de la Udef y de la Fiscalía, pero no de la mayoría de las defensas.

En concreto, se referían a unos papeles que se incorporaron en la causa matriz de Gürtel, que se instruye en la Audiencia Nacional, y a la que las defensas que no están personadas en ese procedimiento al parecer no han tenido acceso.

Así mismo, una de las letradas, que representa a la exempleada de empresas de la trama, Mónica Magariños, también solicitó la suspensión puesto que llevaba en la causa apenas un mes, cuando se le designó este caso por turno de oficio.

Esta letrada aseguró que no había tenido tiempo de estudiar toda la causa y, además, afirmó que había recurrido su designación al entender que, en todo caso, esta defensa correspondería a letrados inscritos en el turno de oficio grave.