La Fiscalía cree inconstitucional la posibilidad de que el Ministerio del Interior pueda decicir la intervención de las comunicaciones para investigar delitos de especial gravedad sin autorización judicial previa, según se recoge en la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Así figura en el informe del Consejo Fiscal al anteproyecto de ley orgánica que reforma la norma procesal penal, que remitirá en los próximos días al Ministerio de Justicia, un documento en el que también critica el sistema de los plazos máximos que se establecenpara la instrucción de las causas, según ha informado la Fiscalía General del Estado mediante un comunicado.
El informe se muestra contrario a diversos aspectos contenidos en dicha ley, entre los que figura que, en caso de urgencia, el ministro del Interior o el secretario de Estado de Seguridad puedan dar su autorización para la intervención de comunicaciones de todo tipo fuera de los supuestos de terrorismo, una posibilidad que, a su juicio, "debe ser suprimida, por resultar contraria a la Constitución".
En el informe se critica, asimismo, que la reforma establezca unos plazos máximos de instrucción de los procedimientos penales, de seis meses para causas ordinarias y de dieciocho meses para las causas más complejas prorrogables a petición del juez.
El órgano consultivo de la Fiscalía General del Estado plantea asimismo la necesidad de regular la obligatoriedad de la transcripción por parte de los secretarios judiciales de las grabaciones de las declaraciones en la fase de instrucción, un aspecto este que deberím a su juicio, encontrarse recogidoen la reforma de la ley procesal.
Los fiscales han hecho patente en el informe su "malestar" con esta reforma y también se han lamentado de que "una vez más se acuda a la indeseada técnica legislativa de regulación parcial".