La Comisión de Justicia del Congreso aprobó ayer la reforma del Código Penal que deniega la libertad condicional a los condenados por corrupción que no devuelvan el dinero y castigará con multa las donaciones ilegales a los partidos hasta los 500.000 euros, y con pena de cárcel las superiores.

Un año y cuatro meses después de su aprobación por el Gobierno, la Comisión dictaminó ayer, con el rechazo en bloque de la oposición, el proyecto estrella del Ministerio de Justicia para esta legislatura, que será aprobado la próxima semana en el pleno extraordinario del día 21.

En la votación de las más de 900 enmiendas, de las cuales un tercio han sido aceptadas o transaccionadas, los populares han defendido la prisión permanente revisable y han mantenido en 16 años la edad de consentimiento sexual que recogía la reforma original, si bien el PP no descarta que se pueda bajar a 15 en la tramitación en el Senado, como sugiere el resto de grupos.

También salió adelante el paquete de medidas de lucha contra la corrupción, entre ellas, la exigencia a los condenados por estos delitos de devolver el dinero sustraído a las arcas públicas para tener acceso a la libertad condicional.

El diputado del PP Leopoldo Barreda explicó la enmienda por la cual los condenados por delitos contra la administración pública "deban cumplir sus responsabilidades pecuniarias y reparar el daño causado antes de acceder a la libertad condicional", es decir, el juez de vigilancia penitenciaria no concederá la libertad condicional si el condenado no devuelve el dinero sustraído.

Asimismo, el texto introduce el delito de financiación ilegal de los partidos para las personas que den o reciban donaciones ilegales. Se castigarán con pena de multa las cantidades por debajo de los 500.000 euros y será delito las que lo superen.

La oposición consideró este umbral demasiado bajo al argumentar que la mayoría de las donaciones no alcanzan una cantidad tan elevada y por lo tanto no se castigarán con prisión sino multa las donaciones de menos de 500.000 euros.

El socialista Manuel de la Rocha lamentó que el PP no aborde cambios en los delitos fiscales.