La trama de la que presuntamente formaba parte el exsecretario general del Partido Popular (PP) de Madrid Francisco Granados tenía el objetivo de conseguir el lucro personal de los políticos implicados, pertenecientes a tres partidos distintos --PP, PSOE y los independientes de la UDMA-- y no la financiación de sus respectivas formaciones, según han informado fuentes jurídicas.

La investigación, dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, revela que la organización desmantelada con la ''operación Púnica'' se dedicaba a mediar entre empresarios y políticos con influencias en el ámbito municipal, regional y de la Diputación para la consecución de contratos públicos en la gestión de servicios.

Las pesquisas contra la trama, que giraban en torno a dos conseguidores --los empresarios David Marjaliza y Alejando de Pedro Llorca--, se iniciaron en diciembre de 2013 cuando la Fiscalía de Laussanne informó a Anticorrupción de que investigaba a Granados y Marjaliza por un delito de blanqueo de capitales agravado.

A los detenidos se les imputan los delitos de blanqueo de capitales, falsificación de documentos, delitos fiscales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales, prevaricación, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraude contra la administración y organización Criminal.

PRESIONES A TÉCNICOS

La investigación de Anticorrupción, dirigida por la fiscal Anticorrupción Carmen García, se inició después de la advertencia de las autoridades suizas, que trasladaron su intención de interrogar a Granados y Marjaliza por un delito de blanqueo de capitales y pedían a la Fiscalía española que extremara la vigilancia para evitar el desvío de los capitales investigados.

Durante seis meses las pesquisas de Anticorrupción determinaron que los fondos movidos por los investigados en los últimos años procedían del mundo de la construcción aunque con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria su mediación se centró en la adjudicación de servicios difícilmente objetivables, como el de eficiencia energética.

Los pinchazos telefónicos realizados por la Guardia Civil han revelado que los políticos implicados, en la última etapa de su vida política, movían sus influencias para obligar a los técnicos a adjudicar los contratos a las empresas escogidas a cambio presuntamente de comisiones ilegales, en un modo de funcionamiento muy similar al de la trama ''Gürtel''.

La investigación, que se concretó en una querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción en junio pasado ante el juez Eloy Velasco, también ha determinado que el dinero de las comisiones se blanqueaba a través de un complejo entramado societario y con ayuda de las empresas que se adjudicaban los servicios y contratos contraviniendo la libre concurrencia.